Bajo la batuta de Juan Pajares, director de Madridiario, la primera mesa de debate en XI Jornada de Educación ha girado en torno a los principales "retos educativos" ligados al uso de las nuevas tecnologías en las aulas, la "formación sin pantallas ni redes sociales" y la idoneidad -o no- de la regulación vigente a este respecto en la Comunidad de Madrid, partidaria de su "limitación" en las primeras etapas educativas.
"El decreto no prohíbe el uso de las pantallas", sino que "las limita" en las etapas de "Infantil y Primaria", la "infancia más tierna", estableciendo además "recomendaciones" en Secundaria. Por ende "en ningún caso hablamos de una prohibición". Ni mucho menos una "imposición". Tan solo "una regulación" para avanzar hacia un "mejor uso", ha explicado el viceconsejero de Política y Organización Educativa de la Comunidad de Madrid, José Carlos Fernández Borreguero.
Lejos de concordar con tales postulados, representantes de entidades educativas como Escuelas Católicas, CASVI o Educare han cargado contra la nueva normativa, tildándola incluso de "imposición" e "intromisión", al considerar que atenta contra la "libertad" y la "autonomía" de los centros y, en consecuencia, también de los profesionales que desempeñan allí su labor pedagógica.
"Llevábamos mucho tiempo preparándonos para desembarcar en la digitalización como para que de repente, de la noche a la mañana, de un día para otro, venga un decreto que limita muy significativamente el uso de pantallas en las aulas y nos otorga tan solo dos cursos para adaptarnos. Nos genera frustración", ha argumentado el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, Emilio Díaz.
Y a renglón seguido justificaba: "Nos molesta porque creemos en autonomía de unos centros" que "tienen proyectos digitales muy equilibrados y seguros para formar en el buen uso de las herramientas digitales que configuran el lenguaje del siglo XXI".
Pese a considerar que "el decreto se ha diseñado con buena intención", el presidente de EDUCARE, Carlos Madruga, también ha criticado la norma impulsada por el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, piensa que "los centros educativos somos profesionales" y, precisamente por ello, "estamos preparados para saber cuál es el uso que se está haciendo de la tecnología.
"Creemos que el decreto atenta contra la libertad de los profesionales" porque "nunca se ha dejado de lado la educación tradicional, el cuaderno, la escritura, la lectura en papel... Es mentira. Lo que hemos hecho ha sido combinar tecnología y el método tradicional", apostillaba.
Y, a modo de ejemplo, concluía el propio Madruga: "Es como si a un médico le decimos que a partir de ahora no podrá operar utilizando robótica, que debe volver en todos los casos al bisturí, como se ha hecho toda la vida (...). Los mayores perjudicados serán los alumnos y especialmente aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. Por eso lo que le decimos a la Administración es que queremos libertad".
El director general de Colegios CASVI, Juan Luis Yagüe, ha coincidido asimismo al apuntar que "estamos hablando como si tuviéramos que elegir entre tecnología o papel y no es esto. Debe haber tecnología y papel, sobre todo durante el proceso madurativo de los alumnos".
Reconoce, eso sí, "que puede haber algún ejemplo de mal uso", aunque ello no puede conducir, en ningún caso, a la cancelación de todos los proyectos educativos que se implementan de la mano de las nuevas tecnologías.
"La tecnología es una herramienta más, que no sustituye al profesor, pero permite que la educación sea más ágil y eficiente. Es verdad que puede haber algún ejemplo de mal uso, pero también buenos. Como en todo, hay que ir corrigiendo para mejorar. Y si hay algún problema, habrá que atacarlo. En eso consiste la educación (...). Hemos ido construyendo todo un ecosistema y es una pena que llegados a este punto nos digan que tenemos que ir para atrás", zanjaba al respecto.
Por su parte, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María Carmen Morillas Vallejo, ha preferido encaminarse por la vereda del medio. En la práctica, por un punto intermedio que aborde la "necesidad de legislar" para que "el uso de las pantallas responda siempre a criterios pedagógicos".
"Recursos educativos hay muchos, pero cuando uno se utiliza de forma excesiva surge un problema. Es necesario legislar, tanto para la pública y la concertada como para la privada. Deben recogerse las competencias digitales, pero también la necesidad de no emplear las tecnologías de forma abusiva", ha sentenciado la representante de las familias.
El encuentro ha podido seguirse por streaming y también en redes sociales bajo el hashtag #EducaMarcaMadrid. El evento está organizado por Madridiario y patrocinado por Colegios Educare, Universidad Europea, Unie Universidad y Comunidad de Madrid. Además, colaboran Fundación para el Conocimiento madid+d, Colegios Casvi, Escuelas Católicas, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de Madrid, la Asociación Espacios de Educación Superior y Diariocrítico.