Nuevo revés a las expectativas de la Comunidad de Madrid en materia de migración y tutela. O lo que es igual, nuevo foco de conflicto -o, al menos, renovado- con el Gobierno central.
Meses atrás, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, había avanzado ya su firme intención de solicitar la devolución a sus países de origen de 88 menores extranjeros no acompañados que permanecían bajo supervisión autonómica. La premisa, ya fracasada, no era otra que la necesaria "reagrupación familiar" en pos de su propio bienestar, tras haber detectado "graves problemas de adaptación" en todos los casos.
Tal y como ha avanzado el diario El País y en contra del argumentario expuesto por Sol, desde La Moncloa han resuelto ahora que estos menores deben permanecer en la región. Aunque pueda parecer contradictorio, ambos niveles de la administración continúan aludiendo al "interés superior del menor" para defender sus postulados.
Para Dávila, fuera como fuese, el rechazo a tales expedientes no demuestra otra cosa que la "total inoperancia" e "ineptitud" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, receptor original de las solicitudes, pues "lo que nos traslada es que no va a proceder al retorno porque no consigue los informes que el propio Gobierno de España debe pedir a los consulados y las embajadas".
Y apostilla: "En el marco de nuestras competencias, vamos a seguir actuando y responsabilizando al delegado, a los ministros competentes y al presidente -Pedro- Sánchez de todos los daños que estos menores puedan causar. Ya sea a sí mismo, a otros menores, a los profesionales que trabajan en los centros o al resto de ciudadanos".
Las solicitudes venían apoyadas, aseguran desde la Comunidad, por "criterios técnicos", tales como el contexto familiar en el país de procedencia o las circunstancias que rodean al joven en el presente, recogidos en diversos informes de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Preocupaba -y preocupa- especialmente a este respecto los posibles "contactos" con "mafias" dedicadas al "tráfico de personas" o "drogas".
Un nuevo episodio, en definitiva, en el perenne enfrentamiento que mantienen, desde hace años, en este asunto los Ejecutivos central y regional. Para muestra, los múltiples intentos de los de Isabel Díaz Ayuso para poner freno al reparto de migrantes que meses atrás colapsaron los servicios disponibles en las Islas Canarias. También las diversas solicitudes para la asunción de responsabilidades el medio centenar de solicitantes de asilo que permanecen en Madrid.
Tal y como ha podido saber Madridiario, la Comunidad atendió a lo largo del pasado año a más de 1.500 menores extranjeros no acompañados. Tónica que refleja un número similar al del 2024. Así, los distintos centros regionales continúan, cuanto menos, tensionados, con una "sobreocupación" que llegó a cifrarse por encima del 150 por ciento.
Como solución de fondo, argumentada de forma incansable por diversos representantes autonómicos, "medidas en origen" para poner freno o, en la medida de los posible, paliar el vigente "caos migratorio" alimentado por la "inacción" de Pedro Sánchez. Todo "un atropello" contra la región.