El anuncio del Ayuntamiento de Madrid de ceder un espacio de la Quinta de Torre Arias al Banco de España ha reabierto el conflicto sobre el futuro de este enclave histórico del distrito de San Blas-Canillejas. Mientras el Consistorio defiende que el proyecto garantizará el uso público del recinto, asociaciones vecinales y patrimonialistas alertan de una posible vulneración del Plan Especial de Protección y de la ruptura de la unidad histórica de la finca.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento trabaja con el Banco de España para que la institución instale en la quinta "un centro de estudios y un centro financiero importante y de referencia en el ámbito internacional". Según ha explicado, la cesión estaría condicionada a que exista acceso público. "Le hemos puesto una exigencia al Banco de España y es que tiene que haber uso público y, por tanto, que los vecinos tengan la capacidad de poder disfrutar también de la quinta", ha manifestado.
El regidor madrileño ha defendido que el Ayuntamiento ha realizado "un esfuerzo presupuestario muy importante" en la rehabilitación y consolidación del edificio principal, pero que ahora es necesario dotarlo de contenido. A su juicio, la propuesta del Banco de España permitiría "compatibilizar un uso prestigioso" con el disfrute vecinal de un espacio que, insiste, debe seguir abierto a la ciudadanía.
Sin embargo, la Coordinadora de Entidades de San Blas-Canillejas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid han mostrado su rechazo frontal a la operación. En un comunicado conjunto, las entidades consideran que el uso planteado (un Centro de Educación Financiera y un Centro de Formación para personal propio del Banco) está "lejos de los previstos" en el Plan Especial de Protección aprobado en 2018.
Según recuerdan, ese documento establece que las edificaciones podrán destinarse a equipamientos culturales y educativos, vinculados a la investigación y a la instrucción sobre las características propias de la quinta, dando prioridad a actividades relacionadas con su pasado agropecuario. Además, subraya que "no se prevé la implantación de usos de titularidad privada" ni su desarrollo en forma de concesión.
Las asociaciones advierten de que la cesión "rompería la unidad histórica y funcional existente entre el edificio y sus huertas y jardines" y supondría entregar la gestión en exclusividad a una entidad privada para un uso ajeno a la esencia del conjunto. La finca y el palacio están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico, una figura que, según la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Quinta de Torre Arias, reconoce que palacio, caballerizas y edificaciones anexas conforman "un conjunto indisoluble" y un testimonio único de lo que fue una quinta de recreo vinculada al desarrollo de técnicas agrícolas y ganaderas.
El movimiento vecinal recuerda además que en 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló un Plan Especial municipal que contemplaba segregar la finca y ceder parte de sus edificaciones para usos educativos privados, además de permitir nuevas construcciones. Aquella sentencia fue considerada una "victoria ciudadana" y, a juicio de la FRAVM, constituye un aviso ante cualquier intento de privatización o cesión que desvirtúe el carácter público del recinto.
La polémica vuelve así al primer plano político y vecinal. Mientras el Ayuntamiento insiste en que el proyecto puede ser compatible con el acceso ciudadano y aportar proyección internacional, las asociaciones reclaman el "cumplimiento del reglamento urbanístico" y anuncian que defenderán la gestión pública y los usos vinculados al pasado agropecuario de la Quinta de Torre Arias.