El Colegio de Economistas de Madrid ha acogido este miércoles un encuentro dedicado a examinar el anteproyecto de la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Ley LIDER), promovido por la Comunidad de Madrid para actualizar la normativa urbanística. La jornada contó con la colaboración del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid y del Consejo General de Economistas.
La encargada de exponer el contenido de la propuesta fue Sara Emma Aranda Plaza, directora general de Urbanismo regional, quien detalló los pilares del texto en elaboración. Según explicó, la iniciativa busca reforzar la seguridad jurídica y agilizar la tramitación de planes y desarrollos, reduciendo trabas administrativas que actualmente ralentizan los procesos.
Entre las novedades planteadas figura el reemplazo del principio de jerarquía entre instrumentos por un criterio de competencia, con el fin de evitar anulaciones en cadena y la repetición de trámites. Asimismo, se propone un modelo más sencillo basado en dos figuras principales -el Plan Estratégico Municipal y el Plan Ejecutivo- con funciones claramente delimitadas.
Otro de los aspectos destacados es la integración de la evaluación ambiental dentro del procedimiento urbanístico para impedir duplicidades, junto con una revisión del sistema de informes sectoriales. En este punto, se contempla fijar un plazo ordinario de tres meses para los informes autonómicos e introducir fórmulas que permitan continuar la tramitación en determinadas circunstancias. Además, se proyecta la creación de una “aceleradora urbanística” apoyada en herramientas tecnológicas para gestionar informes, coordinar pronunciamientos y resolver discrepancias.
Como precedente de iniciativas orientadas a dinamizar la oferta residencial, Aranda recordó la modificación aprobada en 2024 que posibilita destinar suelos de uso terciario-oficinas a vivienda protegida, medida que, según indicó, ha facilitado la puesta en marcha de 8.400 viviendas con licencia concedida o en proceso.
La apertura del acto corrió a cargo de Amelia Pérez Zabaleta, decana-presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, quien subrayó que la futura ley trasciende el ámbito urbanístico y tiene una dimensión económica clave, al incidir en factores como la certidumbre, los plazos y la inversión vinculada al acceso a la vivienda.
En términos similares se expresó el presidente del Consejo general de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez Taín, al señalar que la regulación del suelo y el territorio impacta directamente en la actividad económica y en las decisiones de inversión. La sesión estuvo conducida por Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio.