La Plataforma Ecologista Madrileña ha alertado de que la crecida del río Jarama a su paso por San Fernando de Henares ha anegado los "chamizos" levantados en la ribera, lo que, a su juicio, pone en riesgo a personas y animales de compañía en lo que consideran el "último núcleo ilegal de corrales y construcciones ilegales" de la región.
Según el colectivo, la situación no es nueva y ya se produjo en anteriores episodios de inundaciones, como durante el paso de la borrasca Filomena o en las crecidas registradas en marzo del año pasado. En esta ocasión, la sucesión de borrascas que ha atravesado la Comunidad de Madrid ha provocado un aumento del caudal del Jarama que incluso ha llevado a activar el nivel rojo por posible desbordamiento.
Los ecologistas recuerdan que los terrenos ocupados en la ribera son "zonas inundables", espacios protegidos y de alto riesgo que, subrayan, no deberían albergar actividades ni construcciones. En un comunicado, denuncian que en San Fernando de Henares no se respeta la legislación ambiental ni las normas urbanísticas.
Fuentes del Ayuntamiento de San Fernando de Henares consultadas por Europa Press sostienen, sin embargo, que estas edificaciones no son viviendas, sino huertos en los que "no reside ninguna persona". Asimismo, aseguran que, ante la crecida del Jarama, la Policía Local avisó a todos los propietarios y se procedió a evacuar a los animales.
Desde el Consistorio insisten en que en el tramo correspondiente al municipio "no hay infraviviendas", aunque reconocen que el área de Urbanismo mantiene abierto un procedimiento en relación con la "ilegalidad/ocupación" en la ribera del Jarama y que ya se han iniciado los expedientes oportunos.
La Plataforma señala además que las parcelas son utilizadas con fines de ocio por vecinos de San Fernando y Coslada, lo que, según advierte, conlleva el abandono de residuos en el cauce. Añade que "ya no sorprende que algunos de los ocupantes de estas parcelas reclamen que se les preste servicios, como el suministro de agua potable".
El colectivo ecologista afirma que desde hace al menos seis años el Ayuntamiento de San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y la Confederación Hidrográfica del Tajo vienen recibiendo denuncias sobre presuntas ilegalidades en un tramo de unos 800 metros de la ribera del Jarama.
A su juicio, el Ayuntamiento es la administración responsable de "garantizar la legalidad urbanística", pero le reprochan que hasta ahora haya sido "incapaz de hacer cumplir algo tan básico como evitar estas ocupaciones de suelo no urbanizable". Asimismo, lamentan que los esfuerzos administrativos "no han servido".
Por otro lado, las organizaciones critican a la Consejería de Medio Ambiente por "rebotar las denuncias que recibe" sobre este asunto y sostienen que "ni está ni se le espera". También reprochan a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se limite a "poner sanciones sin más pretensiones".