Ocho de cada diez adolescentes y jóvenes aseguran haber sufrido algún tipo de acoso a través de las redes sociales, según el último estudio presentado por Plan International en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Los datos se conocen apenas una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la intención de prohibir el acceso de menores a las redes sociales sin sistemas efectivos de verificación de edad, una medida que ha generado un intenso debate político.
El informe, titulado (Des)protegidos online, revela una realidad preocupante sobre la violencia digital que afecta a la juventud. En concreto, el 84 por ciento de las personas encuestadas afirma haber recibido mensajes insistentes con intención de quedar o intimar incluso después de haber manifestado rechazo, mientras que el 51 por ciento señala haber sido víctima de comentarios racistas, discriminatorios o mensajes de odio. El acoso afecta de manera especial a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, sobre todo cuando tiene un componente sexual.
El estudio fue presentado este martes en un acto celebrado en el Palacio de Cibeles con motivo del Día de Internet Segura, en el que participó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Durante su intervención, el regidor ha insistido en la magnitud del problema, señalando la vulnerabilidad de los menores: "En Madrid hay unos 300.000 adolescentes, una edad particularmente peligrosa para las situaciones de acoso, fundamentalmente a través de las redes sociales".
Martínez-Almeida ha defendido la necesidad de un enfoque conjunto para abordar esta problemática. "Esto requiere un esfuerzo serio por parte de las administraciones, los centros educativos y las familias para prevenir y, en todo caso, reparar estas situaciones lo antes posible", ha señalado. En este sentido, la presentación del estudio permite "sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad de proteger a los menores".
Las conclusiones del informe llegan en un contexto marcado por el anuncio del Gobierno central de obligar a las plataformas digitales a incorporar sistemas efectivos de verificación de edad, siguiendo la estela de países como Australia o Francia, y en línea con propuestas debatidas en el Parlamento Europeo. La medida, que traslada parte de la responsabilidad tanto a las familias como a las propias plataformas, ha sido criticada por el Partido Popular madrileño, que considera que el foco debe ponerse en la decisión de los padres.
El propio Martínez-Almeida se ha mostrado crítico con la prohibición como solución única. "Prohibir no es la solución. Para mí, lo que no es solución es sustituir a los padres", ha asegurado, defendiendo que la protección de los menores debe basarse en la corresponsabilidad de instituciones, familias y ámbito educativo, sin reemplazar la voluntad parental.
Por su parte, Plan International ha valorado "positivamente" el anuncio del Ejecutivo, aunque advierte de que la verificación de edad por sí sola resulta insuficiente. La organización reclama un acuerdo de país que vaya más allá de las prohibiciones y sitúe los derechos de la infancia en el centro de las políticas digitales. "No se trata de expulsar a la infancia de los espacios digitales, sino de diseñar y asegurar que el entorno online sea seguro para todos, especialmente para los más vulnerables", afirma David del Campo, director de Incidencia Política y Comunicación de la entidad.
Entre sus propuestas, la organización insiste en la urgencia de aprobar una ley de protección de la infancia en el entorno digital, reforzar la educación digital y emocional, formar a profesionales, acompañar a las familias y garantizar que las plataformas sean seguras por diseño. Un reto que, a la vista de los datos, se presenta como una prioridad inaplazable.