La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha solicitado abrir un debate sobre el mercado de los productos ortoprotésicos, con el objetivo de que su venta sea realizada por profesionales con formación y conocimientos técnicos, garantizando un uso adecuado del material incluido en el catálogo ortoprotésico.
El presidente de Famma, Javier Font, destacó que existen dificultades especialmente en el ámbito rural, donde tanto la ortopedia como las farmacias llegan con retraso, y propuso que los convenios entre farmacias y ortopedias podrían ser una solución para ofrecer una atención adecuada a los pacientes que requieren ambos servicios.
Font subrayó la importancia de que productos como las sillas de ruedas, destinados a personas con necesidades específicas, sean correctamente adaptados a cada usuario, ya que una inadecuada adaptación puede agravar la salud del paciente, provocando incluso úlceras por presión, mayores costes sanitarios y problemas de salud mental a corto plazo.
“¿Alguien querría que los medicamentos se vendieran en una ortopedia? Seguramente no, porque genera mayor confianza adquirirlos en un establecimiento con personal cualificado. Pues lo mismo ocurre con las personas con discapacidad. Preferimos que un artículo ortoprotésico, de gran importancia para nuestra vida diaria, nos lo venda una persona experta. Eso sí, rechazamos el canibalismo comercial”, explicó Javier Font durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que también participó Bidafarma.
En relación con la nueva Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, Famma insistió en que el envío de medicamentos a domicilio debe garantizar trazabilidad y seguridad, y ser realizado por técnicos de farmacia, rechazando plataformas que eliminen el contacto humano y aumenten el coste del producto.
Asimismo, la federación subrayó que, aunque respaldan la digitalización de los procesos, es necesario tener en cuenta a personas mayores y personas con discapacidad que no pueden acceder a estos sistemas, evitando que la brecha digital afecte a la atención sanitaria.