Ante el grave accidente ferroviario ocurrido recientemente en Córdoba, que ha perjudicado a numerosos pasajeros y ha provocado la interrupción del servicio de alta velocidad Madrid-Andalucía, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (Acusval) ha solicitado al Ministerio de Consumo que investigue la posible práctica abusiva de incremento de tarifas en billetes de avión y alquiler de coches.
La asociación de consumidores ha detectado aumentos considerables e injustificados en los precios de vuelos y vehículos de alquiler inmediatamente después del accidente, lo que podría generar un perjuicio económico adicional a las víctimas y viajeros afectados. Acusval considera que estas prácticas contravienen la normativa de protección al consumidor y exige transparencia y supervisión por parte de las autoridades competentes.
“Es fundamental que los consumidores no sean penalizados por situaciones extraordinarias fuera de su control. Los precios deben responder a criterios de transparencia y seguridad y no aprovecharse del drama de los afectados”, ha declarado Jesús Paniagua, presidente de la asociación.
Acusval se mantendrá vigilante respecto a las actuaciones del Ministerio y ofrece orientación a los afectados para asegurar que puedan reclamar indemnizaciones y no sean víctimas de incrementos abusivos de tarifas en un momento de dificultad como el generado tras el accidente en Adamuz.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulsa una regulación de los precios dinámicos mediante el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible para evitar subidas abusivas en situaciones de emergencia o catástrofe, a raíz de las denuncias tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el encarecimiento de transportes alternativos.
La norma, incluida en la versión presentada en diciembre de 2025 y pendiente de segunda vuelta en el Consejo de Ministros, obligará a las empresas a informar previamente de la evolución prevista de los precios y a no superar los importes anunciados, con el objetivo de impedir incrementos imprevistos en contextos de crisis.
Consumo recuerda que ya existe una prohibición de subir precios automatizados en emergencias de protección civil (según la Ley 17/2015), establecida tras la Dana de Valencia, y que la nueva regulación ampliará esta protección a otros supuestos.
Además, el Ministerio recuerda los derechos de los pasajeros ante la suspensión del tráfico ferroviario: transporte alternativo sin coste adicional o en fecha posterior, reembolso de gastos razonables si no se ofrece alternativa (conservando justificantes), devolución íntegra del billete si se renuncia al viaje (en un máximo de 30 días), y un plazo de tres meses para presentar reclamaciones.
Las reclamaciones en el caso de Renfe pueden presentarse mediante el formulario disponible en su página web oficial o por teléfono en el 900 878 333; para Iryo, a través del formulario de su web, por teléfono en el 910 150 000 o por correo electrónico a atencion.cliente@iryo.eu; y en el caso de Ouigo, mediante el formulario de reclamaciones y quejas en su página web o por teléfono en el 900 759 781.
Por último, el Ministerio pide no usar los canales destinados a la comunicación con familiares de las personas afectadas por el accidente.