La defensa del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha negado este lunes cualquier implicación de su cliente en las presuntas irregularidades investigadas en la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica, que analiza la adjudicación de contratos para la celebración de fiestas populares en varios municipios madrileños. En la primera sesión del juicio celebrada en la Audiencia Nacional (AN), el abogado de Granados sostuvo que el exdirigente popular no tuvo “ningún tipo de participación” en los hechos que se juzgan.
El letrado Javier Vasallo afirmó ante el tribunal que Granados no intervino “por acción u omisión” en los ayuntamientos de Móstoles, Moraleja de Enmedio, Algete, Valdemoro y Ciempozuelos, y defendió que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar esta causa. A su juicio, la pieza debería remitirse íntegramente a la Audiencia Provincial de Madrid.
En este sentido, Vasallo criticó al que fuera juez instructor del caso, Manuel García Castellón, al que acusó de haber trasladado el asunto al tribunal “como una patata caliente”, pese a reconocer, según la defensa, que Granados no tuvo participación directa en los hechos. El abogado calificó de “voluntarista y subjetiva” la decisión de mantener separadas las investigaciones en función del estado de instrucción en distintos municipios.
Respecto a Valdemoro y Ciempozuelos, la defensa argumentó que la acusación contra Granados se basa únicamente en su relación personal con un concejal, José Miguel Moreno, también procesado, que fue responsable de los festejos municipales entre 1999 y 2003. Además, sostuvo que todos los hechos que se juzgan estarían prescritos, al haber transcurrido más de diez años desde que Granados abandonó la alcaldía de Valdemoro hasta su imputación formal en 2021.
La Audiencia Nacional juzga en esta causa a Granados, al exsenador del PP David Erguido y a otras 13 personas, entre ellas exalcaldes y cargos municipales. La Fiscalía solicita penas de entre dos y seis años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según el auto de procesamiento, el juez García Castellón describió una presunta dinámica de adjudicación irregular de contratos a la empresa Waiter Music y a otras sociedades vinculadas al empresario José Luis Huerta, fallecido en 2020, para la organización de festejos en varios municipios madrileños. Los expedientes, según el relato judicial, habrían estado en muchos casos “predeterminados” para beneficiar a estas empresas, que además habrían prestado servicios extra no facturados a responsables políticos.
Las adjudicaciones investigadas superaron el millón de euros y se concentraron especialmente en el año 2003, aunque, según el instructor, las relaciones contractuales se habrían prolongado en algunos municipios hasta 2013. El juicio continúa ahora con el examen de las responsabilidades de los acusados en una de las piezas más relevantes del caso Púnica.