Como cabía esperar, la actualización del modelo de financiación autonómica presentada este mismo viernes por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no termina de convencer -ni mucho menos- al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Así lo ha dejado patente la titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, para quien el modelo dado a conocer hoy reducirá a la mitad los recursos de la región con el único afán, al igual que ocurrió en su día con la condonación de deuda, de "financiaciar la fiesta independentista".
"El nuevo sistema pactado con los independentistas está perjudicando a los madrileños porque con sus impuestos se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esa fiesta independentista. Los madrileños van a tener la mitad de recursos que los catalanes para hacer frente a los gastos de los servicios públicos. Es lo de siempre. El 'Día de la Marmota'. Ya lo hemos visto con la condonación de deuda" cuando "nos dieron las migajas", ha aseverado contundente durante una comparecencia desde la misma sede de la Consejería.
No obstante, ha advertido a continuación, en esta ocasión "no lo vamos a permitir de ninguna manera". Toda una declaración de intenciones que, en caso de que la medida termine por recabar los apoyos parlamentarios suficientes, recibiendo, por tanto, el visto bueno del Congreso de los Diputados, bien podría terminar por desembocar en alegaciones y recursos de distinto pelaje ante los tribunales de Justicia.
"Los madrileños van a tener la mitad de recursos que los catalanes"
En la misma línea crítica se ha manifestado también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, visiblemente disgustado con la "quiebra de la solidaridad" entre comunidades que a su juicio trae consigo el principio de ordinalidad: "Si se aplica el principio de ordinalidad, las comunidades que más capacidad económica tenemos, más recibiremos. Y eso es la quiebra de la solidaridad y el equilibrio. Es decir, que cuando se aplica el principio de 'tanto das, tanto recibes', es obvio que las más ricas recibirán más recursos que aquellas que tienen más necesidades. Podrán esconderlo y podrán vestirlo como lo quieran vestir, pero esto es indiscutible (...). Que Madrid salga beneficiado, no quiere decir que esto beneficie a toda España".
La negativa regional, en cualquier caso, no resulta en absoluto novedosa. Y es que la misma presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había cargado ya con dureza en los últimos meses contra el modus operandi del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez en el devenir de las negociaciones. En síntesis, fruto de las reuniones bilaterales con las fuerzas nacionalistas catalanas, fundamentalmente ERC. Todo, al menos a ojos de la máxima mandataria autonómica, encaminado a satisfacer las aspiraciones independentistas y, de paso, que Sánchez pueda "mantenerse en el poder". Cueste lo que cueste. Y lo que es aún peor, "sentenciando a muerte" a "la España que nos dimos entre todos hace 40 años".
Respecto al ya bautizado por Ayuso como "cupo catalán", María Jesús Montero ha reconocido que el recién conocido sistema respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó el jueves el líder catalanista Oriol Junqueras. Por el contrario, ha justificado la también ministra de Hacienda, esta máxima no se conserva en todas las comunidades. Para muestra, sin ir más lejos, Cantabria o Madrid, debido a que la financiación por habitante ajustado de la primera resulta "superior" a la segunda y, en caso de seguir finalmente esta regla, sería al revés.
Tampoco ha habido demasiadas sorpresas argumentales, claro, en la trinchera del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ha querido salir al paso de las críticas vertidas sin pudor por los representantes madrileños. "-El nuevo modelo de financiación- es una oportunidad para Madrid que no se debe desbaratar", pues supone "un incremento presupuestario del nueve por ciento" respecto al año anterior, ha defendido a capa y espada el ariete de La Moncloa en la capital.
Durante la presentación, Montero ha asegurado que la Comunidad de Madrid incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027. De esta forma se situaría como la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, tan solo por detrás de Andalucía (4.846 millones de euros más), Cataluña (4.686 millones) y la Comunidad Valenciana (3.669 millones).
Tras Madrid se encuentra Castilla-La Mancha (1.248 millones) y Murcia (1.188 millones), seguidas de Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones), Baleares (412 millones), Castilla y León (271 millones), Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).
Por otro lado, Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46, también resultarán beneficiadas pues el Ejecutivo plantea en paraleloreformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para aquellas comunidades que antes del statu quo permanecen por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.
Entre las claves de tales ascensos destaca el pretendido incremento en el porcentaje de cesión a las comunidades de lo recaudado mediante tributos como IRPF, que pasaría del 50 al 55 por ciento, y del IVA, que aumentaría del vigente 50 al 56,5 por ciento. En suma, esto permitiría recaudar hasta 16.000 millones de euros adicionales con vistas a 2027.
Asimismo, el Gobierno ha optado por reformular lo que se conoce como "población ajustada", baremo que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y, en consecuencia, sobre las necesidades de financiación propias de cada territorio.
Con todo ello, la idea no es otra que rediseñar el sistema de forma que incremente los recursos autonómicos para "blindar el Estado del bienestar, reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, garantizar la solidaridad interterritorial y respetar la singularidad territorial".
Fuera como fuese, desde el Gobierno han convocado el próximo miércoles, 14 de enero, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para explicar a las autonomías los pormenores del proyecto.