Sin embargo, la investigación no comenzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
Al mismo tiempo, la juez de Madrid Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número número 45, investiga la práctica irregular de interrupciones voluntarias del embarazo de las clínicas 'CB Medical Ginedemex', la filial en Madrid del centro abortivo de Carlos Morín, y 'Mayrit'.
Estas diligencias se derivan de las denuncias presentadas por la Consejería de Sanidad contra estos centros ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.