El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto una sanción de 64 millones de euros (64.055.311 euros) a la plataforma online de alquiler turístico Airbnb.
La multa se debe, principalmente, a la publicación de anuncios de alojamientos que carecían de la licencia requerida.
La resolución ha quedado firme y agota la vía administrativa, tras desestimarse el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo. La plataforma debe cumplir, además, con dos sanciones accesorias: la obligación de eliminar los contenidos ilícitos publicados para rectificar los incumplimientos identificados, y la de hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones a la normativa de consumo se identificaron en un total de 65.122 anuncios dentro de la plataforma. La sanción principal, considerada una infracción grave, ha sido cuantificada en 64.055.311 euros. Dicha cantidad equivale a seis veces el beneficio ilícito que obtuvo Airbnb mientras los anuncios sancionados permanecieron activos (desde el apercibimiento del Ministerio hasta su retirada). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada emitida por el Ministerio en autos anteriores.
Los incumplimientos que sustentan la resolución son los siguientes:
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