El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado hoy la tramitación anticipada de los fondos destinados a cubrir las ayudas económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el año 2026. Con esta ampliación, de la que se beneficiarán más de 93.000 madrileños, la inversión autonómica alcanzará los 407,8 millones de euros, lo que supone un incremento inicial de 4,8 millones respecto al presupuesto total de este ejercicio.
Este aumento presupuestario permitirá garantizar el abono de las ayudas ya reconocidas hasta diciembre, afrontar compromisos pendientes de 2025 derivados de los procesos administrativos y asumir parte de la nueva demanda de Programas Individuales de Atención (PIAS) que surja en 2026.
Las prestaciones se dividen en tres modalidades: cuidados en el entorno familiar, prestación vinculada al servicio y asistencia personal. La primera supone una aportación mensual para cubrir los gastos derivados del apoyo que recibe la persona dependiente en su domicilio.
La segunda contribuye a sufragar el coste de un recurso social privado acreditado, ya sea residencial, centro de día, ayuda a domicilio o servicios de promoción de la autonomía, elegido por el usuario. La tercera impulsa la independencia del beneficiario mediante el apoyo de un asistente personal que le ayuda en sus rutinas diarias y en el avance de su proyecto vital.
La Comunidad de Madrid aprobará en breve el nuevo decreto regional de dependencia, el marco normativo que regulará las ayudas y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del que actualmente se benefician cerca de 210.000 personas.
Este reglamento recoge más de 30 medidas destinadas a acelerar el acceso a las prestaciones, reducir los tiempos de resolución, adaptar la atención a las necesidades y preferencias del ciudadano, mejorar las cuantías de las ayudas en determinados supuestos y reforzar el apoyo a los cuidadores familiares.
Así, el Ejecutivo madrileño permitirá que los técnicos en dependencia puedan consultar de manera directa los informes sociales, a través de la Historia Social Única, y los informes sanitarios, sin necesidad de que los aporten el interesado o sus allegados. Además, los plazos de revisión del PIA y de la capacidad económica se acortan de seis a tres meses.
También se priorizarán las situaciones de urgencia especial, como personas en cuidados paliativos, con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o en riesgo de vulnerabilidad social, así como los menores de tres años y los mayores de 90, cuyas solicitudes deberán resolverse en un máximo de 90 días. Tras un alta hospitalaria, la valoración se realizará en un plazo de 10 días, y se llevará a cabo una evaluación conjunta del nivel de discapacidad, dependencia y necesidad de atención temprana en menores de hasta seis años.
El decreto regula todo el catálogo de prestaciones, entre ellas la nueva teleasistencia avanzada y la figura del apoyo personal, que también se extenderá a las personas mayores. Asimismo, el Gobierno autonómico incrementará determinadas ayudas para que los usuarios puedan escoger con mayor libertad la opción que mejor responda a sus necesidades.
De esta manera, las cuantías vinculadas a la contratación de atención residencial o de ayuda a domicilio acreditada aumentarán en función de los recursos económicos del solicitante, lo que agilizará el acceso a la plaza elegida. También se prevé una subida en la ayuda por cuidados en el entorno familiar, permitiendo contratar profesionales que respalden al cuidador en las labores del hogar.
Actualmente, en la Comunidad de Madrid 208.749 personas reciben apoyo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que supone 39.878 beneficiarios más que hace dos años, al comienzo de la legislatura, y un incremento neto de 1.329 nuevos usuarios cada mes.
En total, los madrileños en situación de dependencia cuentan con 296.050 prestaciones, entre ayudas económicas, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, programas de promoción de la autonomía personal, así como plazas en centros residenciales y de día para mayores o personas con discapacidad. Esto supone 67.449 prestaciones más desde julio de 2023, un aumento del 29,5 por ciento.