La banquera de inversión peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, ofrece una mirada detallada sobre cómo la fiscalidad verde se ha convertido en una de las herramientas más relevantes —y también más polémicas— de la política económica. En un contexto en el que la sostenibilidad ha dejado de ser un valor añadido para convertirse en un requisito básico, los impuestos asumen una nueva función: ya no se limitan a recaudar, sino que pasan a ser mecanismos que pueden orientar las decisiones de empresas y ciudadanos hacia modos de producción más responsables.
En su análisis, Susana de la Puente subraya que Españaavanza en la dirección marcada por el Pacto Verde europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, recuerda que la discusión no se agota en la técnica tributaria. La verdadera cuestión es si el sistema fiscal está en condiciones de sostener un equilibrio razonable entre competitividad económica y responsabilidad ambiental, y cómo se reparte ese esfuerzo entre los distintos actores.
El debate en torno a la fiscalidad verde en España y en el conjunto de la Unión Europea adquiere así una dimensión estratégica: se trata de evaluar si nuestras economías pueden liderar la transición ecológica sin renunciar al empleo, a la innovación ni al bienestar social. El artículo de Susana de la Puente organiza esta reflexión en tres bloques: la evolución de la opinión pública, los desafíos que la fiscalidad ambiental plantea a las empresas y el papel de la UE como marco de referencia.
Para Susana de la Puente, uno de los factores más determinantes es el cambio en las percepciones sociales dentro de España. La población ha dejado de ver la cuestión ecológica como un asunto exclusivamente técnico para entenderla como una responsabilidad colectiva. En ese marco, el sistema fiscal ya no se concibe solo como un mecanismo para financiar el gasto público, sino como un instrumento con capacidad para modificar comportamientos.
Los datos son claros: el 74% de los españoles respalda la idea de un régimen fiscal que premie a las empresas medioambientalmente responsables y penalice a aquellas que dañan el entorno. Esta mayoría favorable indica que existe una base sólida para desarrollar políticas de fiscalidad verde, siempre que se gestionen con criterios claros y se comuniquen con transparencia.
Las iniciativas previstas para 2025, como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el nuevo gravamen a los residuos urbanos en grandes municipios, se inscriben en esta lógica. Buscan que los costes ambientales se reflejen en el sistema de precios y en las decisiones de inversión. Sin embargo, Susana de la Puente advierte que basta con un diseño deficiente para que estos instrumentos pierdan eficacia. No se trata solo de poner una etiqueta verde, sino de asegurar que el impuesto tenga efectos reales sobre la reducción de impactos ambientales.
A esta exigencia se suma la caída de ocho puntos en la confianza de la ciudadanía en los sellos de sostenibilidad desde 2019. Esta pérdida de credibilidad muestra que la sociedad está menos dispuesta a aceptar mensajes sin una base sólida. De ahí que la legitimidad de la fiscalidad verde dependa cada vez más de la transparencia en la información y de la evaluación clara de los resultados obtenidos.
En el ámbito empresarial, Susana de la Puente señala que la implantación de la fiscalidad verde pone de manifiesto tensiones significativas. Por un lado, se quiere incentivar un cambio profundo en los modelos de producción; por otro, las empresas de España necesitan mantener su competitividad en un entorno internacional muy exigente. Las críticas de la CEOE, por tanto, deben interpretarse como un aviso sobre cómo la forma de aplicar estos tributos puede influir en la realidad del día a día empresarial.
La banquera identifica como principales obstáculos la complejidad administrativa, los retrasos en las devoluciones fiscales y la falta de agilidad en los sistemas de desgravación. Cuando estas barreras son demasiado altas, el incentivo se diluye y el impuesto corre el riesgo de convertirse en una carga adicional que no genera el cambio deseado. Este problema se hace especialmente visible en el caso de las pequeñas y medianas empresas, que componen la mayor parte del tejido productivo de España.
Mientras las grandes compañías pueden dedicar recursos a gestionar la compleja normativa, las pymes se encuentran con una carga burocrática que a menudo les desborda. Esta situación genera un efecto regresivo: aquellos actores con menos capacidad de adaptación son los que terminan soportando proporcionalmente más presión. Para Susana de la Puente, este desequilibrio amenaza con debilitar el consenso social a favor de la fiscalidad verde, especialmente si las empresas perciben que el sistema no distingue entre quienes intentan adaptarse y quienes no.
Por ello, la banquera defiende la necesidad de avanzar desde un modelo que se percibe en ocasiones como punitivo hacia otro claramente incentivador. La clave está en que los tributos ambientales sirvan para orientar la inversión hacia tecnologías más limpias sin bloquear la actividad económica. Entre las propuestas que señala se encuentran el desarrollo de mecanismos de compensación más ágiles, la simplificación de trámites y la garantía de que lo recaudado se destine a programas concretos de transición energética, digitalización industrial y formación para empleos verdes.
Tal como explica la exvicepresidenta de J.P. Morgan, la evolución de la fiscalidad verde hay que entenderla en el marco del proyecto europeo. El Pacto Verde de la UE fija una hoja de ruta hacia la descarbonización de la economía y el aumento de la eficiencia energética. Pero la realidad actual muestra que Españarecauda por impuestos ambientales en torno al 1,5% de su PIB, una cifra todavía por debajo de la media europea, situada en el 2,4%.
Este diferencial indica, según Susana de la Puente, que existe margen para reforzar el papel de la fiscalidad verdecomo herramienta de política económica. No se trata solo de elevar el volumen de recaudación, sino de orientar esos recursos hacia políticas transformadoras: impulsar la innovación tecnológica, acelerar la transición energética, reforzar la educación ambiental y proteger los ecosistemas. El sector público desempeña, en este sentido, un papel clave a la hora de guiar la inversión privada hacia objetivos climáticos a largo plazo.
La experiencia de varios países del norte de Europa demuestra la importancia de contar con un marco normativo estable y una coordinación institucional efectiva. Allí donde la fiscalidad verde se integra de forma clara en las estrategias de desarrollo, los costes administrativos disminuyen y las señales para empresas y consumidores resultan más previsibles. En cambio, en Españay en otros Estados del sur todavía se aprecia una fragmentación normativa que genera incertidumbre.
Susana de la Puente sostiene que avanzar hacia un marco común de referencia, que reduzca la dispersión regulatoria y clarifique competencias entre administraciones, puede ayudar a disminuir los costes de cumplimiento y a fortalecer la confianza en las políticas ambientales.
En su conclusión, Susana de la Puente plantea que la fiscalidad verde debe entenderse como una inversión de país, más que como un coste. La sociedad española ya ha asumido que es necesario cambiar la forma de producir y consumir. El siguiente paso depende de las instituciones y del tejido empresarial, que deben ser capaces de convertir ese consenso social en un modelo fiscal estable, coherente y duradero, capaz de impulsar la transición ecológica sin renunciar a la competitividad ni a la cohesión social.