La Comunidad de Madrid ha intensificado su pulso legal contra el Gobierno central al interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Real Decreto de Universidades. El Ejecutivo regional considera que la norma estatal es arbitraria, atenta contra la seguridad jurídica e invade las competencias autonómicas en materia educativa.
El Consejo de Gobierno de Madrid tiene previsto analizar este miércoles un informe detallado sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General de la región. El Gobierno autonómico sostiene que el decreto fue elaborado sin el necesario consenso ni negociación con las comunidades y que, además, limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos amparada por la Constitución Española.
El recurso se fundamenta en que el Real Decreto excede el marco de la normativa básica que corresponde fijar al Estado. Según la Comunidad de Madrid, la Carta Magna en su artículo 27 otorga a las autonomías la potestad para desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles.
Uno de los puntos más controvertidos, que el Gobierno regional califica de arbitrario, es el requisito de exigir a los nuevos centros un mínimo de 4.500 estudiantes. El Ejecutivo de Madrid argumenta que esta exigencia no contribuye necesariamente a incrementar la calidad de las universidades.
Además, el recurso señala que la tramitación del proyecto se llevó a cabo con opacidad, sin una consulta pública previa y sin contar con la participación de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid recuerda que ya cuenta con procedimientos "muy rigurosos" para la constitución de nuevas universidades y centros, lo que garantiza la excelencia de los proyectos que reciben luz verde.
En paralelo a esta acción judicial, la Consejería de Educación autonómica está trabajando en una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia que, según apunta el Gobierno regional, buscará incorporar mejoras a estos trámites, actuando siempre dentro de las competencias exclusivas de la región.