Este jueves, el Congreso ha aprobado de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible, lo que implicará que Renfe deberá restablecer a partir de 2026 las condiciones de devolución por retrasos en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia que estaban vigentes hasta el pasado mes de junio. Esta medida llega tras incorporar el Senado una enmienda a esta ley.
Se revierte así el cambio aplicado el 1 de julio, que redujo las compensaciones a los viajeros: actualmente se devuelve el 50 por ciento del importe del billete por retrasos de una hora y el cien por cien solo a partir de 90 minutos. Con la nueva disposición legal, el Gobierno deberá restablecer desde el 1 de enero de 2026 las indemnizaciones previas, que contemplaban la devolución del 50 por ciento del billete por demoras de 15 minutos y del cien por cien por 30 minutos en los servicios de alta velocidad y larga distancia.
La enmienda, promovida por el Partido Popular en el Senado, ha salido adelante en el Congreso con 191 votos a favor (PP, Vox, Junts, ERC y PNV) frente a 158 en contra.
A pesar de su aprobación, el Ministerio de Transportes estudia cómo evitar la aplicación efectiva de este cambio. Según fuentes del departamento, se está analizando una “fórmula jurídica” que permita mantener las compensaciones actuales y evitar, dicen, una “situación de desventaja competitiva” para Renfe frente a sus rivales en el mercado de alta velocidad, Ouigo e Iryo.
Desde el Ministerio señalan que el objetivo es seguir aplicando las compensaciones vigentes, por lo que de facto no tendrá impacto sobre los usuarios. Argumenta también que el contexto actual del mercado ferroviario es muy distinto al de hace años, con un mayor número de operadores y más trenes en circulación.
"Renfe evaluará la fórmula jurídica correspondiente para seguir aplicando las compensaciones vigentes que, a pesar de todo, continúan siendo las más ventajosas del sector para nuestros usuarios", aseguran.
"No entendemos por qué el PP solo quiere penalizar a Renfe, empresa española y pública, y no 'tocar' a las empresas como Ouigo e Iryo. Quiere penalizar a la empresa pública que ofrece servicio fundamental a millones de personas y que es fundamental para la vertebración de España", agregan.