La Comunidad de Madrid ha inspeccionado durante los últimos cuatro años 1.906 edificaciones irregulares en terreno protegido con el objetivo de restablecer la legalidad urbanística, e identificó 5.334,3 hectáreas afectadas por este tipo de asentamientos en 56 municipios.
Así se detalla en un informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que incluye el balance del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2021-2024, donde se refleja que cerca del 80 por ciento de dichas hectáreas se concentran en las vegas de los principales ríos madrileños, principalmente en las zonas del río Tajuña (2.712,5 hectáreas), seguido del Jarama (1.019,5), Guadarrama (363,2) y Tajo (150,2).
Por esta razón, y ante el riesgo que representa tanto para la población como para el entorno natural, el Gobierno madrileño ha incorporado la actuación sobre este tipo de construcciones entre los objetivos del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística 2025-2029, recientemente aprobado, según informó el Ejecutivo en un comunicado oficial.
Este plan se organiza en diferentes fases anuales con acciones concretas, tales como estudios comparativos mediante imágenes aéreas, análisis de núcleos ilegales, tramitación de expedientes sancionadores y disciplinarios, además de programas formativos dirigidos a técnicos y ciudadanos.
Con esta medida, el Gobierno regional busca reafirmar “su compromiso con la defensa del medio ambiente, la legalidad urbanística y el desarrollo sostenible”, garantizando una actuación eficaz, coordinada y transparente frente a las infracciones que afectan al territorio.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ofrecerá asistencia técnica y jurídica a los tribunales y al Ministerio Fiscal, así como a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con menos de 5.000 habitantes. Estas labores se llevarán a cabo mediante la elaboración de informes y la colaboración en la ejecución de resoluciones judiciales.
El balance del periodo 2021-2024 también muestra que la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística realizó 455 visitas. Además, gestionó 942 expedientes de diligencias previas, 143 disciplinarios urbanísticos, 45 de ejecución subsidiaria, 88 sancionadores, 67 órdenes de demolición y 258 requerimientos de información.
El objetivo principal de todas estas actuaciones es que las superficies ocupadas puedan destinarse a los usos previstos, como actividades agrícolas o ganaderas. De este modo, la recuperación real del terreno y del entorno natural, más allá de la simple demolición de edificaciones ilegales, constituye uno de los propósitos fundamentales.
Este principio se ha concretado en una de las intervenciones desarrolladas en el municipio de El Molar, donde se llevó a cabo la restauración del entorno natural afectado, demostrando el compromiso institucional con la protección del suelo no urbanizable y la preservación del paisaje, conforme a la legislación vigente.
El caso más reciente se produjo en Chinchón, donde la Comunidad de Madrid mantiene una estrecha colaboración con el Ayuntamiento para reforzar la tramitación de expedientes derivados de construcciones ilegales. En este municipio, se procedió, de manera subsidiaria, a la demolición y retirada de tres contenedores frigoríficos de camión con cubierta a dos aguas.
Estas estructuras, destinadas a uso habitacional, estaban situadas en suelo no urbanizable de especial protección, sin disponer de la autorización correspondiente. La actuación se llevó a cabo en cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de restaurar la legalidad vulnerada.