La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha negado este domingo que se hayan producido errores de diagnóstico en el programa de detección precoz de cáncer de colon, aunque ha reconocido una incidencia administrativa que afectó a la comunicación postal de resultados a unos 500 pacientes.
En un comunicado, el departamento que dirige Fátima Matute ha subrayado que “nunca hubo ningún error de diagnóstico” y que “en la historia clínica siempre constaron los resultados correctos”. Según Sanidad, el problema se limitó “únicamente a la comunicación de los resultados por carta”, sin que ningún proceso clínico resultara afectado.
La consejería explica que el 5 de febrero la empresa encargada de gestionar los envíos notificó el fallo. A partir de ese momento, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) contactó con todos los pacientes implicados —por teléfono, SMS o a través de Atención Primaria— para aclarar los resultados “en el plazo de una semana”. Sanidad insiste en que el programa mantiene plenas garantías de calidad y fiabilidad, con más de 350.000 pruebas realizadas en 2024.
El comunicado responde a una información publicada por La Sexta, según la cual varios ciudadanos habrían recibido resultados erróneos dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y Recto (PREVECOLON).
La primera reacción política ha llegado desde Más Madrid, que ha exigido la comparecencia urgente de la consejera Matute en la Asamblea y ha solicitado su dimisión. La portavoz de Sanidad del grupo, Marta Carmona, ha calificado el caso de “grave” y ha reclamado que el Gobierno regional “se tome en serio los programas de cribado”, especialmente en un momento de incremento de casos de cáncer de colon.
Por su parte, el portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha vinculado el fallo a “el modelo privatizador del PP”, que, según ha denunciado, busca “acabar con el derecho a la seguridad pública”. A su llegada a la misa por la Virgen de la Almudena, Rubiño afirmó que se trata de “una situación escandalosa” que “requiere la dimisión inmediata de la consejera y la depuración de responsabilidades”.
Desde Sanidad, sin embargo, defienden que el error fue “detectado y subsanado de forma inmediata” gracias a los controles internos del Sermas. De hecho, según el departamento, más de 200 pacientes fueron informados de los resultados correctos “antes incluso de que la empresa notificara el fallo”.
La formación de izquierdas ha aprovechado también el incidente para criticar la negativa del Gobierno madrileño a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos de los programas de cribado, como se les ha requerido. “Ahora entendemos mejor por qué el PP se niega a entregar los datos”, ha apuntado Carmona. Rubiño ha ido más allá, acusando a la Comunidad de “ocultación de información” y reclamando que “cumpla con sus obligaciones”.
Fuentes de la Consejería han recalcado a Europa Press que esta incidencia “nada tiene que ver” con el envío de datos al Ministerio y que Madrid no los remitirá “hasta que no se garanticen criterios homogéneos” entre comunidades dentro de la Estrategia Nacional de Cáncer.
La consejera Fátima Matute ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicita una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para fijar un calendario y unos criterios comunes sobre los cribados.
En la misiva, Matute plantea la necesidad de aprobar los acuerdos alcanzados en la Comisión de Salud Pública y establecer un “calendario realista” y unos “criterios homogéneos para la implantación de las medidas”. Según defiende, solo así se garantizará “un proceso basado en la coordinación, la transparencia y la confianza mutua”, evitando generar “alarma social o incertidumbre”.
La consejera considera además “prioritario” abordar de manera colaborativa la situación creada en torno al documento de consenso sobre el sistema de información de los programas poblacionales de cribado. Matute recuerda que este texto “no fue sometido a aprobación” en el seno del Consejo Interterritorial, pese a sus implicaciones “en la gestión autonómica y en la confianza ciudadana”.