El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una movilización para el próximo 29 de octubre, a las 8:30 horas, con el objetivo de evitar el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro a la que, según denuncian, “un juzgado pretende expulsar de su casa”.
En un comunicado, el sindicato ha explicado que Maricarmen lleva siete décadas residiendo en el mismo inmueble, ubicado en la calle Sainz de Baranda, donde su familia firmó un contrato de arrendamiento en 1956. Tras el fallecimiento de su padre, el contrato fue subrogado primero a su madre y posteriormente a ella, manteniéndose en vigor bajo las condiciones originales: una renta actualizada anualmente conforme al IPC más los gastos del IBI.
La organización ha señalado que la propiedad del edificio notificó a Maricarmen que su contrato, subrogado quince años antes, “debía haberse extinguido en 2007”. A partir de entonces, la arrendataria acudió a los tribunales, que inicialmente fallaron a su favor, aunque el Tribunal Supremo terminó dándole la razón a la empresa el pasado marzo.
El Sindicato de Inquilinas sostiene que el Supremo ha resuelto en contra de la vecina por la segunda subrogación, ya que la ley solo permite una duración de dos años salvo en los casos de discapacidad superior al 65 por ciento, y Maricarmen, que tiene movilidad reducida por operaciones de cadera, cuenta con una discapacidad reconocida del 50.
En palabras del sindicato, “si este contrato se hubiese firmado hoy, los padres de Maricarmen serían cotitulares del primero, y la suya se consideraría una primera subrogación, lo que habría mantenido el arrendamiento en vigor”. Han añadido además que “las leyes machistas del franquismo impidieron a su madre figurar como titular, dejando a muchas mujeres desprotegidas ante situaciones como esta”.
Para la organización, esta es “una sentencia inédita que prioriza los requisitos formales de la subrogación por encima del espíritu de la ley”. Según denuncian, la empresa propietaria reclama ahora un alquiler de 1.650 euros mensuales, pese a saber que “la pensión de la octogenaria asciende tan solo a 1.450 euros”.
El sindicato afirma que, si no acepta el incremento, Maricarmen deberá abandonar la vivienda antes del 31 de mayo, aunque subrayan que “ha decidido permanecer en su casa cueste lo que cueste”.
Desde la organización recuerdan que “son ya cientos de inquilinas las que, ante la disyuntiva entre una subida abusiva o el desalojo, deciden resistir pagando la misma renta que venían abonando o depositándola en el juzgado si el casero se niega a aceptarla”.
Finalmente, el Sindicato de Inquilinas ha remarcado que casos como este evidencian “la urgencia de establecer contratos de alquiler indefinidos”, ya que, según destacan, “los contratos indefinidos son clave para que nadie pueda ser expulsado de su casa tras 70 años viviendo en ella y para garantizar proyectos de vida estables y a largo plazo”.