En la denominada Declaración de la Región de Murcia, rubricada públicamente este domingo por Feijóo y los ‘barones’ populares, el partido subraya que “la gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas”.
El pronunciamiento llega en un contexto de tensión por el reparto de 4.000 migrantes en Canarias. En agosto, el Gobierno aprobó un real decreto que fija la capacidad de acogida de las comunidades autónomas. En el documento de 15 páginas, el PP sostiene que el Ejecutivo “debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito”. Y añade: “Volvemos a exigir que se garantice la determinación de edad y que se asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados. Siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen”.
En el mismo texto, el PP manifiesta su “más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista” y muestra su “gran preocupación por el retroceso que se ha producido en los últimos años en materia de igualdad”, aludiendo a los fallos en los dispositivos telemáticos de control de agresores como ejemplo más reciente.
El partido exige “la inmediata destitución de la ministra de Igualdad”, Ana Redondo, a quien considera “responsable directa de la gestión negligente del sistema COMETA y de haber hecho caso omiso durante meses a las advertencias sobre la desprotección de miles de mujeres”. Asimismo, pide depurar responsabilidades en los ministerios de Interior y Justicia y reclama al Ejecutivo “una auditoría externa, independiente, integral y transparente”.
Durante su intervención en el Teatro Circo de Murcia, Feijóo cargó contra la gestión presupuestaria del Gobierno: criticó que se destinen “2,8 millones de euros en una campaña para fomentar la masturbación en los mayores de 60 años” mientras “se recorta el contrato de pulseras de maltrato, se recortan las indemnizaciones por los retrasos del tren o no se financia la ley de ELA aprobada hace mucho tiempo en el Congreso”.
El líder del PP reafirmó también el compromiso de su formación de presentar un Plan Nacional de Infraestructuras, de establecer indemnizaciones por los retrasos del AVE y de que el futuro ministro de Fomento y Transportes rinda cuentas trimestralmente ante cada comunidad autónoma.
La Declaración de Murcia alerta, además, de “las consecuencias de la mala planificación de la empresa pública AENA”. Según el texto, “mientras debería reducir el colapso en las terminales más transitadas, exigimos al Gobierno central medidas que eviten los recortes de rutas en los aeropuertos periféricos y de menor tráfico, ya que agravan su desconexión, con severo impacto en el turismo y en los empleos directos e indirectos”.
Los populares acusan igualmente al Ejecutivo de haber “bloqueado reformas imprescindibles en la contratación pública”, lo que, en su opinión, “genera retrasos en la ejecución de infraestructuras fundamentales, costes adicionales y pérdida de competitividad para el país, las empresas y los ciudadanos”. Por eso insisten en que resulta “urgente modernizar la Ley de Contratos del Sector Público”.
El PP vuelve a defender en el documento la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que consolide la planificación hídrica como política de Estado. Considera que las infraestructuras hídricas son “un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural”, junto con las nuevas técnicas de regeneración y reutilización.
Sobre el regadío, el texto apuesta por “una política de modernización y aplicación de innovaciones” que reduzcan tanto la huella hídrica como el gasto energético.
Feijóo, en su discurso en Murcia, cifró en 40.000 millones de euros la dotación prevista para ese pacto, “para acabar de una vez con tierras secas que necesitan simplemente el agua de donde sobra en las tierras húmedas”. Y añadió: “Eso es la solidaridad, eso es un proyecto nacional, eso es unir a la gente y no enfrentarla. El PP habla del sector primario con sentido, pero no para convertirlo en un jardín. Los agricultores no son jardineros”.
En el mismo documento, los populares denuncian que el sector primario “sufre la asfixia fiscal del Gobierno” y se comprometen a “seguir reduciendo impuestos desde las comunidades” y a aprobar desde el Ejecutivo una Ley de Fiscalidad Agraria que reconozca al sector como estratégico y favorezca el emprendimiento rural.