Este martes, varios medios han dado a conocer que el alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga (PP), ha sido procesado por el juez de Instrucción número 4 de Navalcarnero debido a la supuesta comisión de delitos como prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.
Europa Press ha accedido a un auto en el que el magistrado decide proseguir con el procedimiento judicial contra Quiroga y María Isabel Santamaría Alonso, quien es la secretaria de la Empresa Municipal de Gestión de Servicios de Arroyomolinos. Este avance en el proceso implica que se ha finalizado la investigación, permitiendo así que se inicie la fase intermedia antes de un posible juicio.
El juez explica que, en su papel como concejal del Ayuntamiento y presidente del Consejo de Administración de la entidad Emugesa, Quiroga, junto a Santamaría Alonso, quien ocupa el cargo de secretaria del Consejo de la Empresa de Gestión de Servicios de Arroyomolinos —una empresa de titularidad 100% pública—, acordaron modificar "de común acuerdo y con anterioridad al 26 de septiembre de 2019" el acta de la sesión del Consejo de dicha mercantil. Esta sesión tuvo lugar el 19 de julio de 2019, donde Ignacio Rodríguez de la Riva fue cesado como secretario del Consejo y se designó a la investigada como su reemplazo.
Los investigados, en concreto, "introdujeron que además María Isabel asumiría el cargo de adjunta a la presidencia, en virtud del cual cobraría un salario diferente al de Secretaria, y se nombraron a otros dos adjuntos a presidencia, que igualmente percibirían un salario". "Todo ello, prescindiendo de cualquier tipo de procedimiento y no estando establecidos dichos puestos en los Estatutos Sociales de Emuvisa, S.A., recoge el auto.
Se concluye, a partir de las diligencias realizadas, que existen indicios suficientes de criminalidad en relación con los investigados. Además, se determina que están presentes todos los elementos necesarios para considerar que se han cometido delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.
De la documentación presentada en el expediente se pueden extraer tales indicios, destacando el acta de la reunión del Consejo de Administración de Emugesa, S.A.U., que fue firmada por la investigada en calidad de secretaria y por el investigado como presidente del Consejo.
El certificado de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, junto con el Documento de liquidación y finiquito, así como las nóminas proporcionadas por la representación legal de la investigada, también respaldan esta situación.
A través de un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Arroyomolinos, Quiroga asegura no tiene constancia de que el Juzgado haya dictado auto de procesamiento. Explican desde el Consistorio que solo existe un auto, trasladado a las partes el pasado 23 de julio, en el que se acuerda la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado. "Por tanto, la situación procesal del alcalde no se corresponde con la que se ha difundido", apuntan.
Asimismo, el alcalde ha solicitado el sobreseimiento de la causa, alegando que "el procedimiento no tiene fundamento y se basa en una denuncia falsa".
"Se trata de un asunto que tiene su origen en 2020, a raíz del despido de un trabajador de EMUGESA, decisión que fue adoptada por unanimidad por los integrantes del Consejo de Administración de la empresa, entre los que se encontraban concejales de la oposición que aún son ediles de la Corporación. Esos mismos concejales respaldaron en sede judicial la decisión que tomó el Consejo de Administración y negaron que el alcalde hubiese alterado cualquier documento. La denuncia que ahora ha trascendido responde únicamente al deseo de venganza personal y política contra el alcalde por parte del citado trabajador, que igualmente fue cesado de sus funciones como secretario del Consejo de Administración de la mencionada empresa municipal", desarrolla este comunicado.
"Esas acusaciones vertidas contra el alcalde, sin fundamento alguno y que solo buscan causar un daño personal y político, se refieren exclusivamente a un asunto de carácter administrativo y, bajo ningún concepto, guardan relación con cuestiones económicas ni con el dinero del contribuyente al tratarse del cese de un empleado", indican.