La Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, solicita que la medida sea anulada o, de forma subsidiaria, reducida, según avanzó la Cadena SER y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Inicialmente, Hurtado fijó la fianza en 150.000 euros, aunque la redujo a 75.000 al detectar que había incluido de forma indebida una posible multa, lo que —según la doctrina constitucional— supondría anticipar una condena. La corrección llegó un día después de que el fiscal general hubiera depositado parte de su patrimonio para cubrir la cantidad inicial, al no disponer de ella en efectivo.
La acusación popular ejercida por González Amador recurrió pidiendo que se elevara a 300.000 euros, pero desistió finalmente al considerar suficiente la "garantía" del patrimonio del fiscal general.