Las mismas fuentes explican que el jefe del Ministerio Público no disponía de la cantidad en metálico, por lo que ha aportado bienes como garantía. Será ahora el alto tribunal el que deba comprobar si el patrimonio consignado cubre la suma fijada. Desde que se conoció la fianza, familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos se ofrecieron a colaborar en el pago. Sin embargo, García Ortiz declinó la ayuda, aunque ha agradecido las muestras de apoyo recibidas.
En paralelo, el fiscal general prepara un recurso directo de apelación contra la decisión del magistrado instructor, Ángel Hurtado, al considerar que la cuantía es desproporcionada. Las fuentes subrayan que en delitos como la agresión sexual las fianzas suelen establecerse en torno a 50.000 euros. Hurtado fijó la de García Ortiz en 150.000, reduciéndola desde los 300.000 euros reclamados por González Amador, con el objetivo de cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de una condena.
La acusación particular que ejerce González Amador también ha recurrido, aunque ante el propio instructor, para insistir en elevar la fianza a 300.000 euros. Alega que los daños morales derivados del “relato político” siguen vigentes. Afirma que “no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024”, cuando la Fiscalía difundió un comunicado detallando los correos entre su defensa y el fiscal que lo investigaba por delitos fiscales, “en que algún personaje político o periodístico, con el ministro de Justicia a la cabeza, no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador ‘delincuente confeso’ o ‘defraudador confeso’”.
El instructor envió a juicio a García Ortiz al apreciar indicios de que la noche del 13 de marzo de 2024 filtró a la Cadena SER un correo del 2 de febrero en el que la defensa de González Amador se mostraba dispuesta a reconocer delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Tras ocho meses de investigación, Hurtado procesó tanto al fiscal general como a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos. La Sala de Apelación, sin embargo, exoneró a Rodríguez, dejando a García Ortiz como único acusado.
Fuentes jurídicas señalan que el juicio comenzará previsiblemente en noviembre y durará alrededor de una semana, aunque podría alargarse por el elevado número de testigos. La sentencia podría conocerse a finales de año. El tribunal estará formado por siete magistrados de mayoría conservadora, encabezados por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.
El fiscal general se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación, como reclama la acusación popular de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que le imputa un delito de prevaricación en concurso con otro continuado de revelación de secretos. Hurtado no descarta ampliar los delitos imputados. García Ortiz, por su parte, aún debe presentar su escrito de defensa.