El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de personas deplazadas, dependiente del Gobierno central ubicado en este municipio, tras analizar las alegaciones y el recurso de reposición presentados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Según el comunicado oficial emitido por el Consistorio, la resolución ya ha sido notificada al Ministerio, y se ha concedido un plazo de cuatro meses para que las más de 400 personas que actualmente residen en este centro de acogida de refugiados puedan ser realojadas, "evitando así el cierre inmediato que es preceptivo en estos casos".
La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha justificado la decisión en que la instalación no cuenta con licencia de funcionamiento, tras un cese cautelar notificado el pasado 30 de julio. El Ayuntamiento sostiene que el uso actual como centro de acogida es incompatible con la normativa urbanística y que el Ministerio no ha iniciado los trámites para regularizar la situación, pese a haber sido advertido.
"Según la información del propio Ministerio, en la instalación se autoriza una ocupación de hasta 564 plazas, a pesar de que la única licencia de obras, fechada en 2013, era para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social", señala el Ayuntamiento.
El comunicado también aclara que durante la inspección técnica realizada el 29 de julio, los técnicos municipales no pudieron acceder al centro, al haber sido denegado el acceso por parte de la entidad gestora y el propio Ministerio.
Además, el Ayuntamiento asegura que las alegaciones ministeriales no responden al motivo principal del cierre, que es la realización de una actividad no autorizada, y que se trata de "una causa suficiente y necesaria para su clausura".
Durante el plazo de cuatro meses concedido, el centro no podrá acoger nuevos residentes, y cualquier incumplimiento acarrearía un cierre inmediato. Desde el Consistorio destacan que este margen temporal es el doble del promedio de estancia habitual reconocido por el propio Ministerio.
En cuanto al intento del Gobierno central de trasladar a 400 menores no acompañados a esta instalación, la alcaldesa ha declarado que “el uso previsto nada tiene que ver con la finalidad original del edificio” y que “no se reúnen las condiciones necesarias para tal fin”.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han declarado a Europa Press que, hasta el momento, no han recibido notificación oficial sobre la resolución del Ayuntamiento. "En todo caso, los servicios jurídicos analizarán la documentación, una vez que llegue la resolución, para decidir cómo proceder", han afirmado.