Poco antes, la asociación mantuvo otra reunión con el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien les sugirió "la posibilidad de emprender acciones administrativas contra la consejería de Sanidad y contra los agresores".
El colectivo demanda que se respete el derecho de las mujeres a recurrir al aborto como prestación sanitaria básica legal; que se garantice la seguridad jurídica y física de los profesionales que posibilitan el recurso al aborto; y que las fuerzas políticas "posibiliten el consenso" a fin de reformar la actual Ley del Aborto para pasar de los supuestos a los plazos.
Acosados
Al concluir la reunión, que se prolongó por más de una hora y media, Francisca García, miembro de la Junta Directiva de la ACAI, detalló que la asociación ha trasladado a Mestre "la situación de acoso" que están sufriendo por parte de la Consejería de Sanidad y de determinados individuos.
Según García, la asociación agradeció personalmente a la delegada el suplemento de vigilancia desplegado en las clínicas el pasado 28 de diciembre, cuando varios grupos contrarios al aborto se manifestaron frente a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo en la capital.
El doctor Sergio Muñoz, vocal por Madrid de ACAI, se quejó de que el colectivo se siente "acosado" y "presionado" por las presiones recibidas a raíz de la actuación de la Consejería de Sanidad contra dos de las siete clínicas privadas de Madrid.
"La situación está mal. Nos sentimos acosados y la Comunidad no nos está apoyando", se lamentó Muñoz, que recordó que el pasado año se practicaron 4.000 abortos subvencionados por el Ejecutivo regional.