Los vecinos del número 360 de la calle Bravo Murillo, en el distrito madrileño de Tetuán, han alzado la voz contra la discoteca Checho’s, antes conocida como Club 360, por los constantes ruidos que aseguran sufrir desde su apertura. El local, situado en un sótano junto a la Junta Municipal del distrito, funciona de viernes a domingo, en horario nocturno, y según los residentes, no cuenta con una insonorización adecuada, provocando que la música se cuele en sus viviendas hasta bien entrada la madrugada.
Uno de los vecinos afectados relata que “el ruido es constante, el ‘pum pum’ de la música llega hasta la segunda planta del edificio, y eso demuestra que no hay una insonorización eficaz”. Denuncia que, pese a las reclamaciones presentadas y a la intervención puntual de la Policía Municipal, “la discoteca ha estado funcionando durante meses con una simple declaración responsable, sin que se haya comprobado en plazo si cumplía realmente con los requisitos exigidos para este tipo de actividad”.
Desde el Ayuntamiento de Madrid confirman que el local estuvo precintado por una sanción durante seis meses y un día, hasta el pasado 16 de abril. Más adelante, los propietarios presentaron una declaración responsable para implantar la actividad, cuya comprobación material todavía está pendiente por parte de los servicios técnicos municipales, según apuntan fuentes del Consistorio madrileño.
“El Ayuntamiento cerró el local porque no tenía licencia, pero hace tres meses lo han vuelto a abrir simplemente por haber presentado una declaración responsable, algo inaudito. Este procedimiento solo debería aplicarse cuando se realizan obras menores, no para una actividad calificada como discoteca, que requiere insonorización y medidas de seguridad específicas”, denuncia uno de los vecinos afectados.
“Cuando llamamos a la policía, nos dicen que no pueden hacer nada porque el local tiene licencia. Pero esa licencia se concedió únicamente a través de una declaración responsable del propietario, sin inspección previa”, añade el vecino, quien asegura que los agentes les han ofrecido acudir una noche con un sonómetro para realizar mediciones en las viviendas. Sin embargo, los residentes consideran que lo más adecuado sería realizar las mediciones dentro del propio local, para comprobar si cumple con la normativa vigente. En junio, la comunidad de propietarios acordó formalmente denunciar la situación ante el Ayuntamiento, mientras que algunos particulares ya han registrado escritos de forma individual.
A los vecinos no solo les preocupan los ruidos que esta actividad genera en sus viviendas, sino también la seguridad del propio local. La discoteca se encuentra en un sótano y, según denuncian, “la única medida de seguridad parece ser salir a un patio”, algo que califican de “rocambolesco”. “Sería fundamental prevenir cualquier tipo de accidente”, apuntan.
Por su parte, el abogado del local niega cualquier irregularidad y defiende que el establecimiento cumple “escrupulosamente con toda la normativa acústica y de espectáculos públicos”. Califica las denuncias vecinales de “acoso y derribo”, y asegura que no existen sanciones ni actas que acrediten incumplimientos: “El aislamiento acústico cumple de sobra con lo que determina la ordenanza, y la policía, cuando acude, constata que todo está en regla”. Añade que la declaración responsable recientemente presentada responde a “modificaciones menores”, como el cambio de barra, y no supone ninguna legalización posterior de una actividad ilegal, ya que el local “siempre ha funcionado con licencia”.
“Este tipo de denuncias es nuestro día a día. Se junta las comunidades de vecinos porque no quieren locales de ocio dentro de sus edificios y se inventan que no tienen licencia y que tienen ruidos, pero no tienen ningún acta positiva porque cumplen la normativa”, critica el abogado.
Sobre la seguridad, el magistrado asegura que el local cuenta con un informe de evacuación emitido por los Bomberos hace unos siete meses cuando visitaron la sala: “No creo que los Bomberos se atrevan a emitir un informe que no esté correcto. El local tiene el informe favorable, tanto de Bomberos como de Medio Ambiente”.
Por último, los vecinos han intensificado su protesta colocando carteles en las puertas del establecimiento con mensajes como: “Bajad el volumen, no dejáis dormir. Alcalde, ¿tu barrio bien?”, en un intento de visibilizar el malestar que aseguran sufrir desde hace meses. Esta acción ha sido criticada por el abogado del local, quien considera que este tipo de manifestaciones vulneran derechos fundamentales y afirma que “los carteles en la fachada son más ilegales que la propia actividad de la discoteca, que cumple con la licencia”, en referencia a las acusaciones vecinales.
La declaración responsable es un documento mediante el cual el titular de una actividad comunica al Ayuntamiento que cumple con todos los requisitos técnicos y legales exigidos para su puesta en marcha, asumiendo la responsabilidad de su veracidad. Este procedimiento permite abrir el local sin esperar a una inspección previa, aunque dicha comprobación puede realizarse posteriormente por parte de los servicios municipales y no impide su cierre en caso de que se detecten algunas irregularidades.
El abogado de la discoteca insiste en que este trámite administrativo no requiere una nueva licencia, siempre que se mantenga la misma actividad autorizada y se cumplan los requisitos técnicos exigidos, por lo que afirma que el funcionamiento es plenamente legal.
Mientras se completa la comprobación municipal de la actual declaración responsable, los vecinos insisten en que el problema no es la actividad en sí, sino la falta de insonorización del espacio. “Si insonorizan bien, que hagan lo que quieran. Pero así no se puede vivir”, lamentan.
La historia del local arrastra ya varios episodios polémicos. Antes de operar como Checho’s, el espacio se dividía en dos discotecas: Open Club, ubicada a pie de calle, y Club 360, en la planta baja. Ambas abrían, cada fin de semana, Open Club como ‘after hours’ desde las 5:00 de la mañana y Club 360 desde medianoche hasta las 6:00, provocando importantes molestias a los vecinos colindantes.
Según denunciaron entonces los residentes, Open Club funcionaba con una licencia de club social privado, pero ejercía como una discoteca abierta al público general, vendiendo alcohol y cobrando entrada, sin mantener un listado de socios. Además, las obras realizadas en la planta inferior para habilitar Club 360 como discoteca se habrían llevado a cabo sin la correspondiente licencia de actividad, aprovechando únicamente un permiso de obras menores para pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Ambas plantas carecían, según esas mismas denuncias, del aislamiento acústico suficiente, como constataron varias mediciones realizadas por la Policía Municipal.