Tres exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, han sido citados como investigados en una segunda causa, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19.
Según han informado las asociaciones de residencias 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias y han confirmado fuentes jurídicas, las declaraciones están previstas para el próximo 17 de junio.
Carlos Mur, citado como investigado, era director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 y fue el encargado de firmar los protocolos de no derivación hospitalaria en residencias de mayores durante la primera ola del Covid-19.
Javier Martínez Peromingo, por su parte, era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles y, en mayo de 2020, sustituyó a Mur en el cargo de director general cuando este fue cesado.
Pablo Busca era el director gerente del Summa 112 y responsable de las ambulancias en la primera ola de la pandemia. Las asociaciones consideran que "las ambulancias jugaron un papel clave en el dispositivo diseñado por la Consejería de Sanidad, ya que dejaron de ir a recoger directamente a los residentes enfermos".
También ha sido citada como investigada la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, María Jesús Molina.
Se trata de la segunda causa abierta en una semana, ya que el viernes pasado tanto Mur como Peromingo fueron citados a declarar por un juzgado de Madrid, aunque la declaración terminaría por aplazarse tras alegar falta de traslado de actuaciones.
En esta primera causa también está citado como investigado el entonces asesor sanitario del Gobierno regional, Antonio Burgueño, que participó en la gestión de la situación durante las primeras semanas de marzo, ya que fue el autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional.
En ambas causas, la del juzgado de Madrid y la del de Leganés, se les acusa del delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. El procedimiento se encontraba archivado provisionalmente, pero fue reabierto el 1 de abril a solicitud de la Fiscalía Provincial, según han informado las asociaciones de residencias.
Más allá de la declaración como investigados de los tres exaltos cargos, el día 3 de junio están citados como testigos el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ha sido muy crítico con los protocolos desde que dimitiese en mayo de 2020.
El mismo día testificarán otras dos personas: Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid; y Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para la lucha contra el virus.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, prevé que las dos nuevas causas "volverán a ser archivadas" como ya lo fueron las "60 anteriores".
En paralelo, García Martín ha acusado a la izquierda de "retorcer el dolor" y "tratar de judicializar" esta gestión y ha apuntado que ante estos intentos los juzgados han respondido diciendo "que los profesionales lo hicieron bien durante la pandemia".
"Tratan simplemente de atacar a la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) a través de su pareja o tratan de atacar a este Gobierno y a su Presidenta a través de una gestión de la pandemia que fue ejemplar", ha sentenciado.