El próximo jueves 22 de mayo se celebrará en Madrid una manifestación en defensa de la educación pública, convocada por la comunidad educativa en todos sus niveles: desde Infantil hasta la universidad, incluyendo Primaria y Secundaria. Esta movilización se organiza después de que se viera obligada a posponer la marcha que estaba programada para la tarde del 28 de abril debido al apagón que afectó a todo el país.
De acuerdo con la convocatoria emitida por numerosos colectivos, plataformas, sindicatos y asambleas, el lema principal será 'Salvemos la educación pública'. Sin embargo, cada uno de los niveles planteará exigencias más específicas.
A las 18.00 horas, el recorrido dará inicio en Atocha, avanzará hacia Jacinto Benavente y concluirá en la Puerta del Sol. Los organizadores han señalado que están convocados tanto la comunidad educativa como toda la sociedad madrileña para participar en la marcha.
La segunda manifestación de todos los niveles en lo que va del año se llevará a cabo, después de la realizada el 23 de febrero, que contó con la participación de aproximadamente 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno. Esta movilización culminará la jornada de protestas que comenzó por la mañana del 28 de abril con una huelga.
El contexto actual se caracteriza por una tensión entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y la comunidad educativa. Esta situación se manifiesta tanto en las negociaciones relacionadas con la reducción de horas lectivas y las mejoras salariales para los docentes de educación obligatoria, como en la financiación de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid: Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá.
La "asfixia económica" que padecen los centros universitarios públicos ha sido motivo de preocupación durante meses para la comunidad universitaria, que teme que la situación se agrave con la nueva ley de universidades regional, conocida como la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Hasta el momento, solo se dispone de un borrador de esta ley, cuyo contenido está siendo negociado por el Gobierno regional con los rectores.
Las seis universidades públicas de la región, agrupadas bajo el nombre 'Por la pública', desglosaron en un comunicado emitido hace unas semanas los diez puntos que fundamentan la protesta.
Se mencionaron diversos problemas, entre los cuales se destaca "la asfixia económica, ya que el Gobierno regional solo aportará el 70 por ciento de la financiación", así como "una deriva hacia un modelo empresarial de la universidad pública y una mayor privatización por la laxitud para reconocer chiringuitos que se lucran con la educación superior". También se hizo hincapié en "la injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria, con un mayor control de capital privado y de la Comunidad de Madrid en órganos de coordinación de la educación superior", además del "aumento de la represión a la libertad y al asociacionismo estudiantil".
Junto al decálogo de quejas, se elaboraron 10 demandas en las plataformas de los seis campus universitarios de la región, las cuales solicitan que se incluyan en la nueva ley. Entre estas cuestiones destacan "controles más exigentes a las privadas", "el fin de los contratos precarios" y el "fin de la injerencia del Gobierno regional y del capital privado".
A lo largo del mes de abril, diversas acciones de protesta y reivindicación han tenido lugar, incluyendo encierros realizados por decenas de profesores y estudiantes en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y en la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III (UC3M). Además, se ha desplegado un mural en la fachada de la facultad de Ciencias Físicas de la UCM con el fin de demandar una "universidad pública con inversión en calidad".
Hasta el momento, la Consejería ha afirmado que aún están en un proceso de negociación con los rectores y que el borrador no debe considerarse un documento final. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha reiterado que "en el ámbito universitario, estamos negociando con los rectores, así que considero que esta manifestación no tiene ningún tipo de justificación", destacó.
En los niveles inferiores, el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE) incluye la reducción del horario lectivo en Secundaria y el incremento de cupos para maestros en Infantil y Primaria, algo de lo que el consejro se muestra satisfecho. Este pacto contempla que se ajustará el horario de Secundaria de 20 horas a 19 para el próximo curso y descenderá a 18 horas a partir del curso 2028/2029. Además, se prevé la incorporación de 850 nuevos maestros en Infantil y Primaria durante los próximos tres años, entre otros aspectos.
Para Menos Lectivas, el pacto resulta "insuficiente" y solicita "bajadas de ratio" en todos los niveles, así como la "reducción de horas lectivas en Primaria", una atención más intensa a la diversidad y el cese de la "creciente segregación".