El enfrentamiento constante con la realidad obliga a cualquiera a la relación con otras personas. Desde el más zángano hasta el más laborioso, es inevitable tener contacto con los demás: en la oficina, en el supermercado, en las reuniones familiares o en el aula, entre otros muchos escenarios físicos o virtuales. Cosa distinta es cuánto disfrute haya, que dependerá de cada uno, aunque me apuesto algo a que la satisfacción social en el entorno laboral es la mínima por ser obligatoria. Pero este no es el tema, aunque tenga relación. El tema es la confianza como lubricante de una sociedad.
Huyendo de conceptos académicos, si alguien traiciona a alguien lo primero que consigue es destruir la confianza previa conseguida. Es cierto que no es lo mismo ser estafado por comprar fresas podridas que por comprar un coche de segunda mano con taras ocultas, por la cantidad de dinero involucrada. Pero la reacción en esencia suele ser la misma: o volver a la fuente para reclamar el fraude o no volver nunca más al establecimiento que corresponda. Y más allá de la efectividad, se entiende que cuando se viola un acuerdo es bueno que el perjudicado luche, se queje e incluso lo haga público para evitar futuras víctimas.
Matices aparte, que son muchos y muy diversos, existen ciertas parcelas de la realidad que no parecen estar sujetas a las consecuencias, principalmente a las negativas. Es cierto que las administraciones públicas no se pueden tratar como si fueran empresas, porque no pueden cerrar y porque su propiedad es una paradoja digna de Schrödinger: no pertenecen a nadie y nos pertenecen a todos. Sin embargo, esto para nada significa que no se deban exigir responsabilidades y explicaciones cuando toque. Y aquí está uno de los problemas capitales.
Algo increíble no es exactamente lo mismo que algo que carece de credibilidad. En este punto, merece la pena señalar una máxima anónima y reduccionista. “Los políticos son el reflejo de la sociedad”. Ejemplos de malversación, de mala gestión y de elusión de lo malo hay como para llenar un IFEMA. Pero antes de las decisiones delictivas que acaban o no en algún rincón de Plaza de Castilla está la voluntad de quebrar una confianza que es más colectiva que personal. Tanto el votante como el ciudadano son borrones abstractos y es comprensible. Lo que asusta es la impunidad de la mentira, la capacidad de justificación y la idea generalmente aceptada de que todos somos responsables irresponsables en potencia.
Ejemplo imaginado. En la Asamblea de Madrid los diputados gozan de un abono de taxi dotado con 1.500 euros anuales de libre uso y disposición. Esta “ayuda” se entiende como una herramienta para el desempeño de sus labores parlamentarias, en caso de que no convenga usar su coche privado (quien lo tenga) o su abono de transporte público, también sufragado con dinero público. Pues bien, imaginemos que uno o varios de esos diputados usan el mencionado abono taxi para algo que nada tiene que ver con su labor y que cuando les pregunten, contestaran que su representación funciona las 24 horas y que de alguna forma están trabajando.
Decir “yo no lo haría”, cuál campaña canina, es un desafío y transitar dentro de los márgenes de lo que la Ley permite no equivale a mantener la confianza. Supongo que el resumen es este: ¿Somos tan corruptos como podemos? Y allá cada cual.