El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente del real decreto que modifica el 640/2021, relacionado con la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, con la intención de que sea aprobado por el Gobierno en mayo próximo y entre en vigor "lo antes posible", según han indicado fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a Europa Press.
Este miércoles comenzará el trámite de audiencia e información pública, un proceso en el que "el Ministerio escuchará a todas las partes implicadas, a otros ministerios y al Consejo de Estado".
Con esta modificación normativa, el Gobierno busca "reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles" a través de esta medida, con el fin de "garantizar la calidad global de los centros universitarios, indistintamente de si las universidades son públicas o privadas".
Desde el Ministerio liderado por Diana Morant, se precisa que "el real decreto no limita la aparición de universidades privadas, constitucionalmente reconocidas". No obstante, el objetivo es asegurar que todas las iniciativas de nuevas universidades que presenten un programa docente e investigador "con la calidad suficiente y homologable al que ha caracterizado hasta el momento al sistema universitario español en su conjunto", buscando así "garantizar la calidad".
El nuevo real decreto establece que se requerirá un informe de evaluación vinculante y preceptivo, el cual deberá ser elaborado por la ANECA o por las agencias autonómicas equivalentes. Además, se seguirá exigiendo el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que ya es obligatorio en la actualidad.
Las universidades que operan con más del 80% de su enseñanza en un modelo virtual serán clasificadas como instituciones de características especiales, dado que su área de actuación abarca todo el territorio nacional. Por esta razón, únicamente podrán recibir autorización con el consentimiento de las Cortes Generales.
Se requerirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes durante los primeros cinco años de funcionamiento, además de la implementación de tres programas de doctorado en lugar de los dos que se han ofrecido hasta ahora. También será necesario que en la oferta de Grados, Máster y Doctorado se incluyan tres de las cinco principales ramas del conocimiento.
Se incorpora un nuevo requisito que complementa la exigencia previamente establecida en la normativa anterior, la cual estipula que el 5% del presupuesto anual de la universidad debe ser destinado a investigación. Además, ahora se requiere obtener recursos equivalentes en convocatorias y contratos de investigación que representen el 2% del presupuesto anual de la universidad.
Las garantías de solvencia económica del proyecto se verán fortalecidas, dado que será necesario contar con un aval bancario o un instrumento legal equivalente que evidencie de manera clara la disponibilidad de recursos económicos adecuados para respaldar el proyecto.
El nuevo real decreto establece que las universidades deben garantizar una cantidad mínima de plazas de alojamiento estudiantil que equivalga al 10% del total de plazas disponibles para estudiantes. Además, se requerirá que los promotores cuenten con experiencia en gestión universitaria y se implementarán requisitos más rigurosos en el ámbito de la investigación.
Los cambios que pretende introducir el Gobierno en el ámbito universitario han sido interpretados por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como una campaña del Gobierno de España "contra la universidad privada". Según ella, el Ejecutivo desea que a estas instituciones "les vaya mal" y ha denunciado su intención de "difamarlas", lo cual considera un acto "sectario". Díaz Ayuso ha criticado el propósito del Ejecutivo de Pedro Sánchez de hacer más estrictos los criterios para las universidades privadas y su interés en que España "literalmente siempre se parta en dos en cualquier debate".
"La colaboración público-privada permite que la sociedad se involucre en sus servicios públicos, los que, por cierto, se sufragan con los impuestos de autónomos, de empresas y particulares (...) Esta es la libre elección de alumnos de todo el mundo, atraídos por el motor universitario, público y privado de Madrid", ha señalado la dirigente madrileña.
Díaz Ayuso ha expresado su desacuerdo con aquellos que intentan ignorar el impacto de las universidades privadas, como el IE, la Universidad Europea, ICADE o el CEU, en "la imagen, la economía, el empleo y la vida de Madrid". Según ella, "es sectario, es no estar en el mundo y es difamarlos", además de que "también sería mentirnos y engañar a familias enteras". Ha añadido que muchas de estas familias no son adineradas y optan por este camino por diversas razones.
La jefa del Ejecutivo madrileño considera que atacar este sistema universitario sería un "suicidio" para Madrid, y ha puesto en valor la importancia de las universidades públicas y "el lugar que ocupan". "La mejor política educativa es aquella que prima la calidad y la libertad, la que emprenda las mejores reformas en su sistema educativo, desde la Primaria hasta la Universidad, pasando por la Formación Profesional, buscando el saber mediante el estudio y el esfuerzo", ha subrayado.
Ayuso no ha evitado deslizar que es "feo renegar" de la educación recibida, recordando que la trayectoria académica del presidente se ha "fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer".
"Están buscando el guerracivilismo, lo enfrentan en todos los sectores, en todos los campos y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando, lo hacen con las universidades", ha criticado, a la vez que ha subrayado que la oferta en Madrid en la pública es el doble que la privada. En concreto, ha indicado que el número de plazas en la pública son 205.000, mientras que en la privada tienen 103.000.
Ha aclarado que en la región, la mayoría de las familias optan por la educación pública y recurren a la privada solo cuando no hay plazas disponibles. Además, ha destacado que estas últimas representan "un pulmón económico" para Madrid.
"No es amor a la pública, sino todo lo contrario. Es que le vaya mal a la privada simplemente por esa pretendida lucha de clases, insisto, que es tratar como a borregos a los ciudadanos y a los alumnos. No se han ocupado de la universidad pública en todo este tiempo, ni siquiera las reformas que han emprendido han sido de la mano de los rectores y de las universidades", ha censurado Ayuso para rechazar el intento del Gobierno de "utilizar como campo de batalla ahora la universidad".
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reprochado al PP y a Isabel Díaz Ayuso su intención de "generar esta confrontación" y ha argumentado que el debate sobre el aumento de los requisitos para establecer nuevas universidades "no va de públicas contra privadas".
En la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Alegría ha expresado este martes que en España "hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas".
"Veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Esta confrontación es, clara y sencillamente, una mentira, porque esto no va de universidades públicas contra universidades privadas, esto va de universidades buenas contra universidades malas", ha trasladado.
Por lo tanto, ha exigido que no se intente fomentar una "confrontación de universidades públicas contra universidades privadas, porque en ese caso simplemente se estará mintiendo y engañando". "El objetivo aquí es trabajar para asegurar la calidad en nuestro sistema universitario", ha afirmado.
La ministra ha aclarado que al referirse a universidades privadas de mala calidad, el Gobierno se está refiriendo "a centros privados que solo tienen el nombre de universidad, que a menudo son fondos de inversión, cuyo único objetivo es generar negocio".
"Hablamos también de centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes, que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, es sencillamente un negocio para expender títulos", ha subrayado.
De acuerdo con lo que se ha afirmado, esta medida "ha sido trabajada y debatida con las universidades públicas, con las universidades privadas y con la CRUE".
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, no ha eludido confrontar también en este asunto y ha criticado la "asfixia" a la que a su juicio somete el Gobierno regional a la Universidad Pública, al tiempo que ha denunciado el "negociete" que se ha expandido en las universidades privadas en Madrid.
Preguntado por este asunto, Martín ha reiterado que Pedro Sánchez manifestó el total compromiso del Gobierno de España "con una educación universitaria de calidad, y eso significa por un lado reforzar, continuar reforzando la universidad pública, y también controlar para que por la vía de la universidad privada no se haga un negociete como el que se ha expandido en la Comunidad de Madrid de una manera muy significativa en los últimos años, a costa de la calidad de esos servicios supuestamente universitarios".
El delegado ha precisado que eso no tiene nada que ver con ir contra la universidad privada, pero que por esta vía "se han producido algunos casos, demasiados casos, en los que se están dando títulos simplemente por el hecho de pagarlos".
El delegado ha añadido que las universidades públicas madrileñas están "absolutamente asfixiadas" en su financiación. "Yo creo que es preciso señalar, y quizá por eso está molesta la señora Díaz Ayuso, que el compromiso del gobierno de España lo que significa es que se ha incrementado en un 50% la inversión en las universidades públicas que pone el gobierno de España, mientras que la comunidad de Madrid, desde el año 2016, esta inversión se ha reducido en un 30%", ha apuntado.
"Por lo tanto, creo que el compromiso con la educación de calidad, con la educación pública y también con la educación privada, que hace las cosas bien, es total. Los que tienen que estar preocupados son los que han montado esos chiringuitos contra los que, desde luego, se va a luchar porque devalúan la calidad educativa de nuestra región. Y si la señora Díaz Ayuso defiende esos chiringuitos, nos tendrá que explicar por qué", ha zanjado.