La polémica sobre la cifra real de fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia del coronavirus continúa coleando en su quinto aniversario. Mientras los grupos progresistas de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, Más Madrid y PSOE-M, hablan de 7.291 muertos, en buena parte mediados, aseguran, por los "protocolos de la vergüenza", aquellos que habrían frenado los traslados de mayores para recibir atención hospitalaria, en el Ejecutivo autonómico rebajan este número hasta los 4.100, argumentando asimismo que "la izquierda y la ultraizquierda" -o lo que es igual, el Gobierno central y sus filiales-, responsables a su vez de "retorcer el dolor de las víctimas", habrían "inventado" la suma original.
"El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda -los conocidos 7.291- fue un invento del entonces consejero del ramo, el señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara", sentencia un documento elaborado por el propio Ejecutivo regional y que ha sido remitido a Madridiario este mismo miércoles bajo el título '5º Aniversario del COVID-19. Ante la campaña de la izquierda y la ultraizquierda, la Comunidad de Madrid da los datos exactos'.
"Nunca hubo protocolos firmados por políticos"
"Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición", apostilla el texto después de que la asociación '7.291 Verdad y Justicia' anunciase por voz de su presidenta, María Jesús Valero, que rechazan el ofrecimiento de la presidenta de encontrarse con los familiares hasta que "pida perdón por los insultos, los protocolos y las vejaciones durante estos cinco años (...). Hasta que no veamos que de verdad se ha arrepentido, no seremos capaces de reunirnos con ella".
En cuanto a la judicialización de la gestión política de la pandemia, en el Ejecutivo regional consideran que la "sucesión de varapalos", en referencia al archivo de "más de 60 casos", es lo que habría conducido a la creación de un "tribunal popular, autoproclamado en 'Comisión ciudadana por la verdad' y dirigido por destacados miembros o simpatizantes de la izquierda". Su objetivo, defienden, no sería otro que "construir un relato falso ante las continuas sentencias judiciales en contra de sus intereses partidistas".
El documento hace así especial énfasis sobre la tesis mil veces defendida por los dirigentes madrileños en torno a la utilización del "dolor" de las víctimas en favor de los "intereses políticos" de las formaciones progresistas. También en lo relativo a la gestión "pionera" de la Comunidad, caracterizada, sostienen, "por adelantarse en la adopción de medidas contra el COVID-19, con múltiples decisiones que luego fueron adoptando otras administraciones públicas". Entre ellas, el cierre de residencias y centros de estudios, la promoción del teletrabajo o las alertas, especialmente dirigidas a mayores, para que la población permaneciese confinada en sus domicilios a fin de prevenir contagios.
"Madrid siempre fue por delante, con iniciativas novedosas y liderando en España la gestión durante la pandemia, basada siempre en criterios sanitarios y clínicos, lo que tuvo una amplia repercusión internacional (...). El Gobierno central, con Salvador Illa como ministro de Sanidad –ahora presidente de la Generalitat de Cataluña- se vio superado desde el minuto uno por la pandemia del COVID, siempre a remolque de la gestión y de las decisiones aplicadas por la Comunidad, primera región en aprobar cierres y restricciones al inicio de la pandemia para salvar vidas", insisten a renglón seguido. Y todo ello, además, "defendiendo la actividad económica, una medida que atrajo el interés mundial".
"Madrid siempre fue por delante, con iniciativas novedosas y liderando España"
Desde la Administración autonómica sacan asimismo pecho por lo que consideran "hitos" de su gestión en tiempos de pandemia. Para muestra, la construcción y puesta a disposición de infraestructuras sanitarias, la distribución "masiva y gratuita" de mascarillas, las posteriores campañas de vacunación y reparto de test de antígenos o la modificación de las restricciones atendiendo a la situación propia de cada zona básica de salud durante la desescalada.
"La Comunidad unió inmediatamente bajo su mando al sistema sanitario público y el privado para coordinar más eficientemente las actuaciones, levantó en apenas 72 horas el Hospital de IFEMA, un hito nacional e internacional donde se atendieron a miles de pacientes en la primera ola y, en 100 días y al inicio de la pandemia, construyó un hospital público, el Enfermera Isabel Zendal, que atendió a más de 10.000 personas", argumentan.
Por el contrario, "el desconcierto, la opacidad y las rectificaciones fueron las señas de identidad de la gestión del Gobierno de -Pedro- Sánchez". "El Gobierno central, que admitió que su comité de expertos en COVID no existió, pronosticaba en vísperas de la pandemia: “Solo habrá dos o tres casos”. Todo en el Gobierno central era un descontrol. Fue el vicepresidente Pablo Iglesias, quien se definió como el escudo social contra la pandemia. Nunca dio ninguna explicación", zanjan.
A juicio de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Vallecas, Manuela Bergerot, el escrito no es más que "otro ejemplo de una presidenta sin humanidad y sin corazón (...) echando sal en las heridas de quienes perdieron a sus seres queridos en las residencias por culpa de un triaje político que solo sucedió en Madrid". El resultado de tal actitud, concluye la líder de la oposición madrileña, "desprecio institucional", acompasado a "vetos a cualquier investigación, difamaciones y graves insultos".
En conversaciones con Europa Press, por su parte, en Vox han censurado la "batalla política", así como el empleo de la cuestión como "arma arrojadiza" entre conservadores y progresistas, pues supone "una absoluta falta de respeto hacia las familias" de las víctimas. "Las responsabilidades judiciales se tendrán que dilucidar en sede judicial, pero me parece una falta de respeto que utilicen este tema como arma arrojadiza Pleno tras Pleno", ha aseverado su vocal parlamentaria, Isabel Pérez Moñino.
En cuanto al secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha pedido la dimisión de Ayuso a quien ha reprochado que su "mala conciencia" haya llevado a su Gobierno a negar la muerte de 7.291 personas en residencias en la primera ola del Covid-19. "Es un ejercicio de soberbia intolerable. Toca lo contrario. Toca asumir la responsabilidad de los protocolos de la vergüenza y pedir perdón a los familiares, no lo que está haciendo", ha manifestado López.