El juez de Instrucción número 39 de Madrid ha desestimado la solicitud de la Comunidad de Madrid para personarse como acusación particular en la causa que investiga el llamado 'caso FP', relacionado con las supuestas irregularidades encontradas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en las obras efectuadas en varios centros de Formación Profesional de la región.
Europa Press ha tenido acceso a una resolución en la que el juez no acepta la petición del Gobierno regional para participar en el procedimiento, una decisión que puede ser objeto de un recurso de reforma.
La Comunidad presentó su petición en febrero en un escrito en el que manifestaba su interés en personarse en la causa y ejercer la acusación particular en calidad de perjudicado. Recordaba que fue la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades quien envió en marzo del año 2024 su informe a la Fiscalía Provincial de Madrid solicitando que se investigaran las supuestas irregularidades encontradas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar, así como la posible implicación de varios funcionarios públicos en dichas irregularidades.
La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que el Ejecutivo madrileño se presentaría cuando la instrucción lo permitiera. En particular, destacó que el Gobierno autonómico se dirigió a la Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros debido a la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".
El pasado mes de julio, el Partido Socialista madrileño, todavía con Juan Lobato, presentó una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho en contratos de ejecución de obras en diversos centros educativos. La Fiscalía admitió a trámite la denuncia lo que suposo el inicio de las diligencias previas al inicio de la investigación.
Posteriormente, desde Más Madrid se sumaron también a la causa al presentar otra denuncia paralela acompañada de más de 300 contratos por valor de seis millones de euros y que, a su parecer, podrían suponer "numerosos casos" de "fraude en las contrataciones" cometidos, además, "a dedo".