La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación de los abogados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y avala que se le investigue por otros delitos además de los fiscales. Avala así la pieza separada abierta por la jueza Inmaculada Iglesias para investigar si ha podido cometer los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Se refiere a la presunta utilización de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debieron ser declarados.
Los abogados del novio de la presidenta regional solicitan también a la jueza que suspenda la pieza principal en la que se instruye la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental "hasta que se descarte en la pieza separada que los ingresos de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L. con origen en Quirón Prevención S.L., tuviesen un supuesto origen ilícito".
El pasado lunes González Amador se presentó ante la magistrada como investigado en la pieza principal. Sin embargo, siguiendo el consejo de sus abogados, decidió ejercer su derecho a no declarar hasta que se resolviera este recurso, ya que tiene implicaciones en la causa relacionada con dos delitos fiscales.
Una semana más tarde, los magistrados consideran que en el actual "momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal".
"Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalan los jueces.
En octubre, se decidió por parte de la magistrada estimar de forma parcial un recurso de reforma presentado por el PSOE y Más Madrid como acusación popular y abrir una pieza separada para investigar nuevos posibles delitos de corrupción de los negocios y de administración desleal relacionados "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L (empresa de Alberto González Amador) y su cliente Quirón Prevención S.L".
La resolución examinaba "si los hechos vinculados al uso de la sociedad interpuesta Materman SL para encubrir unos ingresos que Maxwell Cremona S.L. debió declarar pueden ser considerados como otros delitos que requieren investigación".
La acusación popular sostenía que la simulación subjetiva de dicho negocio jurídico podría ocultar "una administración desleal, como señala el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción en los negocios, o ambas situaciones, considerando el importe cercano a 500.000 euros pagado por las participaciones de Masterman S.L., que en ese momento pertenecían a la esposa del presidente de Quirón Prevención".
Es posible que se trate de "una contraprestación relacionada con la adjudicación de los contratos que fueron otorgados a Maxwell y posteriormente a Masterman por Quirón Prevención, o bien una contraprestación derivada de la operación en la que Maxwell actuó como intermediario y por la cual MAPE Asesores compró productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC. Como resultado de dichas transacciones, Maxwell emitió facturas a ambas compañías por un total de 2.021.900 euros en 2020".
La portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot ha celebrado que "la Audiencia Provincial nos da la razón cuando identificamos que detrás de esos delitos fiscales podía haber mucho más" y ha puesto en valor "la importancia que tienen las acusaciones populares para poder defender los intereses de los madrileños y los madrileños"
"El señor Alberto González Amador se creía que se iba a ir de rositas con una multa y con una condena pactada a cambio de que la Justicia no investigara más asuntos. Pero lo que vimos con esos delitos fiscales es que es solo la punta del iceberg de lo que apunta todo hacia negocios y pelotazos en comisiones con mascarillas en lo peor de la pandemia y que todo apunta al final, además, a un ejecutivo del grupo Quirón", ha añadido.
Para Bergerot, "hoy estamos más cerca de obtener justicia, de que siga avanzando esa investigación para que sepamos hasta dónde ha ido cada uno de los euros de los madrileños que debería haber ido a la sanidad pública madrileña". La portavoz de Más Madrid considera que podríamos estar "más cerca de saber qué hay detrás de esa relación entre Ayuso, Quirón y su novio. Y sobre todo, de llegar hasta el final y de saber, a cambio de que hay una empresa que le está pagando el ático donde vive la señora Ayuso y del que ella no paga absolutamente nada".