Tres expresidentes de una comunidad de vecinos en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada están siendo investigados por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por presuntamente extraer agua de forma descontrolada y de manera irregular a través de un pozo ilegal. Los delitos que se les imputan incluyen usurpación del dominio público hidráulico, estafa y violaciones a la normativa ambiental, según ha informado la Benemérita.
Durante una inspección realizada en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), los agentes se encontraron un sondeo autorizado que había sido manipulado y otro que operaba de manera ilegal, descubriendo que el sondeo autorizado contaba con un sistema de recirculación, lo cual permitía emitir una facturación de agua alterada. Este sondeo, que ha estado extrayendo agua de manera descontrolada, ha estado satisfaciendo las necesidades hídricas de la urbanización desde al menos 2006.
La extracción descontrolada de agua podría acarrear graves consecuencias para el medio ambiente, por lo que se pidió a la Unidad Central del Medio Ambiente del Seprona que elaborara un informe técnico. Este documento evaluó los daños en más de un millón y medio de euros.
Los agentes han logrado demostrar la existencia de un delito de estafa, presuntamente perpetrado por la comunidad de vecinos, al superar los metros cúbicos autorizados para el uso de aguas con este método. Se estima que la defraudación asciende a 160.000 euros cada año.
Según datos de la Guardia Civil, se estima que la cantidad extraída anualmente de forma supuestamente irregular alcanza aproximadamente 85.000 metros cúbicos, lo que equivaldría al llenado de 34 piscinas olímpicas cada año. Según la investigación, toda esa agua habría servido para llenar las piscinas y regar los jardines de las viviendas privadas.
La Guardia Civil tiene la responsabilidad de garantizar que se cumplan las normativas relacionadas con la conservación del medio ambiente, los espacios protegidos y los recursos hídricos, entre otros. Esta labor se lleva a cabo a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, que actúa como el organismo especializado en esta área. Para ello, lleva a cabo inspecciones e investigaciones de manera preventiva para identificar infraestructuras que captan agua de forma ilegal. Estas actividades ilegales reducen la disponibilidad del agua, afectando tanto a los recursos hídricos superficiales como a los subterráneos debido a su sobreexplotación.