Los vecinos de la calle Cullera, en Lucero, llevan más de una década viviendo una situación “de inseguridad y miedo” por los narcopisos de la zona y los toxicómanos que acuden de día y de noche la zona, que generan “grandes problemas de convivencia. En concreto, en los portales 14 y 16, donde “no pueden ni cerrarse los portales” y las empresas de limpieza “duran muy poco” y los vecinos se ven obligados a “retirar lo más gordo” que se encuentran. “Los ascensores están sin techos, están rotos y constantemente te encuentras orines y defecaciones”, denunciaba Gloria, propietaria de una vivienda en la zona afectada.
Gloria asegura que tienen un “problema grave” y que se encuentran a “gente tirada por las escaleras y jeringuillas”, los cables eléctricos han sido arrancados y han encontrado "carteras y documentación" robada en los fosos de los ascensores. Muchos de los vecinos son personas mayores que necesitan el ascensor para salir a la calle y se encuentran un día sí y otro también el elevador averiado. “Para poder afrontar la rotura del ascensor, los vecinos han tenido que aprobar una derrama de 80 euros, que es mucho para gente que son pensionistas”, afirma.
Además, cuando los vecinos no pueden bajar a hacer la compra, tampoco tienen la posibilidad de que el servicio de reparto del supermercado se acerque a llevarles lo que necesiten porque “no quieren ir allí”.
Con la macrooperación llevada a cabo en el mes de septiembre por la Policía Nacional, la situación de los vecinos “ha mejorado un poco”. “El tema de seguridad está más o menos controlado, gracias a las detenciones y a una orden de alejamiento que está mejorando mucho la situación del tráfico de drogas actual, pero los pisos siguen ocupados por todo el entorno de estas personas. Por lo cual, en cuanto se levante el pie de las órdenes de alejamiento de estas personas volverán”, señala Gloria.
Ante esta situación han sido varias las visitas y encuentros con los vecinos del subdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La última tuvo lugar el pasado 16 de enero, donde anunció la celebración de una “mesa técnica” para el jueves 30 de enero y a la que invitaba a participar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid para abordar lo que considera una “urgencia” social.
Sin embargo, ni Ayuntamiento ni Comunidad han asistido a esta reunión presidida por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad. En dicha mesa, celebrada en la sede de la Federación Regional de Asociación de vecinos, han participado los vecinos del barrio de Lucero y representantes del Colegio de Criminología de Madrid.
Los asientos vacíos del Ayuntamiento y la Comunidad ha desilusionado a los vecinos que demandan una “intervención de las tres administraciones competentes”, ya que consideran que el problema no es solo de seguridad y delincuencia, sino que abarca a cuestiones de la Comunidad de Madrid como “la atención a los drogodependientes para que esta gente enferma sea atendida” o “los servicios de limpieza en la zona” en caso del Consistorio madrileño.
“Nosotros tenemos ideas, pero no somos expertos de ello, por eso era importante que se sienten ellos (haciendo alusión al Ayuntamiento, Comunidad y delegación del Gobierno) para buscar la forma de intervenir cada uno desde sus ámbitos y buscar una solución al problema”, destacaba Javier Poveda, de la Asociación Vecinal de Lucero.
Trinidad calificaba de “bochorno” la ausencia de las dos administraciones madrileñas para tratar la “situación de los vecinos y vecinas” de un barrio que necesita “una actuación conjunta”. “No es solo una cuestión de seguridad, en este ámbito ya se está poniendo mucho esfuerzo, sino que hay muchas pautas que van más allá de la seguridad”, manifiesta.
La subdelegación del Gobierno conocía que ambas instituciones no iban a acudir a la cita porque “respondieron a las misivas” de invitación “mostrando su intención de ausentarse de dicha reunión” eludiendo así, como ha destacado la subdelegada, “su responsabilidad frente a los problemas de los madrileños y madrileñas”.
A pesar de su ausencia, la subdelegación del Gobierno asegura de que les harán llegar a los representantes de la Comunidad y del Ayuntamiento las “conclusiones” de la reunión y “las responsabilidades necesarias para abordar los problemas” y esperan convocar “otra sesión” a la que puedan asistir: “No vamos a dejar de tender la mano para hablar”.
El presidente de la FRAVM, Jorge Nicarino, ha denunciado “la falta de coordinación entre administraciones” y que dejan a la “deriva a los vecinos y vecinas de la ciudad, que son los que están sufriendo esta problemática”. “Aquí hay un marco competencial mixto que al final el vecino y la vecina no tiene por qué conocer y no tiene por qué sufrir”, apunta.
Preguntado por los medios de comunicación sobre su asistencia a la mesa tripartita, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciaba una reunión “para la próxima semana” del concejal del presidente de Latina, Alberto González, y los vecinos de Cullera.
Una reunión que todavía no tiene fecha, pero que los vecinos ya han anunciado su asistencia porque “irán a todos” los encuentros para tratar de buscar una solución. No obstante, desde la Asociación Vecinal de Lucero consideran que habría sido “importante” que acudieran a la mesa técnica para que las tres administraciones “discutieran, dialoguen y tomarán decisiones y medidas para resolverlo” y, además, conseguir un “interlocutor” con la Comunidad, que a día de hoy no tienen.
Los vecinos se sienten “engañados” con el tema de las cámaras de videovigilancia anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid porque “ni siquiera han hecho la petición a la comisión para obtener el permiso para instalarlas” y llevan ya “cuatro años de retraso desde que avisaron de que iban a ponerlas”.
Los afectados también critican que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se preocupen de la okupación de estos pisos, mientras “se llenan la boca” solicitando medidas contra este problema. “Las viviendas ocupadas pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad. Ellos no se preocupan y no desocupan sus viviendas para dárselo a personas que lo necesiten”, apostilla Gloria.
Sobre esta okupación, la subdelegada del Gobierno asegura que existe un “procedimiento judicial abierto instado por la Policía Nacional para que verifiquen esas viviendas que están ocupadas sin título alguno”.
“La presidenta del Gobierno regional pone encima de la mesa día a día la problemática de la población, pero la realidad es que en la región el mayor número de ocupaciones se da en las viviendas de la Agencia de Vivienda Social”, asegura el presidente de la FRAVM, que pide a la juez decana de Madrid que “unifique” las causas para “una mayor eficacia policial” y los vecinos y vecinas “se sientan más protegidos”.
Asimismo, Jorge Nicarino también ha solicitado al Gobierno central una reunión “lo antes posible” con el delegado del Plan Nacional de Drogas para que “dentro del marco competencial” se haga un “especial énfasis en la prevención y atención a la drogodependencia” en la región.
El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) también ha demandado más implicación por parte de las tres administraciones y un trabajo multidisciplinar serio y profesional para acabar con la problemática de convivencia social, falta de salubridad y 'narcocupación' que viven los vecinos de varios bloque de la madrileña calle Cullera.
El representante del CPCM, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial, Ignacio Borja González Behrendt, ha señalado a los medios que en estas zonas de conflicto social están intentando barajar la posibilidad de actuar de una manera multivectorial entre las distintas asociaciones y las distintas administraciones.
"Hemos tenido la problemática de la falta de colaboración por ahora entre distintas administraciones con las necesidades que tenemos de hablar con ellos. Y el Colegio lo que ha planteado hoy a la Delegación del Gobierno y a los vecinos es poder llegar a un plan y conseguir implementar una solución a toda la problemática en esa zona", apunta.
Para González Behrendt, la actuación de la Policía Nacional está siendo "muy correcta", pero se necesita dotar la zona de una cierta seguridad, salubridad, higiene, videovigilancia, acción social respecto a la reinserción de efectos toxicómanos "y, sobre todo, intentar cooperar en lo que es la facilitación a la hora de aprender e instruir un poquito a las asociaciones vecinales para cooperar con nosotros y con el resto de administraciones para que se cree un entorno de seguridad y de convivencia".
"El trabajo que ha hecho Policía Nacional ha sido excelente, la verdad, ha bajado mucho el índice de criminalidad, pero el problema no acaba ahí, porque el problema sigue enquistado. Lo que se necesita es un trabajo detrás que conlleve la reubicación de ciertos componentes que pueden desestabilizar la zona. Entonces, la realidad es que no solo es la actividad de seguridad, sino que también necesitan una implicación de distintas disciplinas que puedan abordar todos los problemas que se están dando allí", dice.
Por otro lado, los criminólogos madrileños proponen mejorar la iluminación y el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes, e instalar cámaras en zonas estratégicas.