Nada nuevo en Sol. Como cabía prever, la reunión entre los primeros espadas del Grupo Parlamentario de Más Madrid y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a escenificar los choques entre lo que ambas fuerzas califican de "modelos antagónicos" en la gestión pública. De las políticas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda, a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pasando por los derechos de las personas trans y LGTBI, la reindustrialización "verde" o el "desequilibrio" territorial. La falta de consenso, por bandera.
Como en tiempos pretéritos, el principal punto de conflicto en el encuentro ha girado, no obstante, en torno a la Sanidad. Mientras los de Manuela Bergerot abogan por la puesta en marcha de un "plan contra la corrupción" que aumente la inversión hasta "igualarla a la media española" y prohíba, al mismo tiempo, el cobro de "comisiones y mordidas" por parte de familiares de altos cargos, desde el Ejecutivo madrileño defienden su modelo sanitario como "el mejor de Europa", con "récord" presupuestario incluido en Atención Primaria y Hospitalaria, y niegan la necesidad de este tipo de iniciativas en la región.
En concreto, ha ennumerado la líder de Más Madrid en la Asamblea, el recién bautizado como "Plan contra la Corrupción Sanitaria y en defensa de la Sanidad Pública" pretende impedir el cobro de servicios de intermediación por parte de familiares de altos cargos de la Administración, evitando así "conflictos de intereses", auditar los contratos de concesión con hospitales privados desde la Cámara de Cuentas, reducir la inversión en centros médicos de gestión privada, revertir la externalización de servicios y recuperar la inversión hasta "igualarla a la media española".
Este "plan anticomisionistas" se encamina en último término, tal y como ha argumentado acto seguido la propia Bergerot, a lograr que comportamientos "amorales" como las "mordidas" de "su hermano -el de la presidenta- con las mascarillas" o "Alberto Quirón" pasen a ser, además, "ilegales".
La medida, en cualquier caso, sería rechazada por los representantes de la Comunidad. Primero, tal y como ha relatado la portavoz, por la propia Díaz Ayuso, quien habría tirado de ironía en la propia reunión: "La presidenta ha tratado de ser irónica, pero ha descrito literalmente los que nos parecen los dos casos más graves. Ha dicho que si ella tuviera un hermano o un novio... Es un ejercicio de irresponsabilidad y de no estar a la altura de defender a los ciudadanos. Creemos que cualquier partido debería estar de acuerdo con esto. Sería una buena forma de demostrar que quien nada debe, nada teme".
Minutos más tarde, su segundo de abordo, Miguel Ángel García Martín, daría continuidad a esta línea argumental al exponer que no existe caso alguno de corrupción en la región que sirva para apoyarla. Ni mucho menos para terminar por ejecutarla. "La única corrupción que justifica la propuesta es la que trata de de tapar Más Madrid, bajo la marca Sumar, en el Gobierno central. No tenemos a ninguna mujer, hermano o ministro imputado ni ninguna consejería salpicada por casos de corrupción. Tratar de empañar el buen nombre de la Sanidad Pública nos parece una irresponsabilidad", ha aseverado el portavoz.
Más allá del apartado Sanitario, Gobierno y Más Madrid han chocado también en cuanto a la protección de los derechos de las personas trans y LGTBI. En especial, sobre las "terapias de conversión" que se habrían puesto en marcha en hasta tres diócesis de la iglesia madrileña: Madrid, Alcalá y Getafe. A este respecto, Manuela Bergerot ha exigido la apertura de "expedientes sancionadores". Y es que "renunciar a ello supondría ser cómplice". Algo, en cualquier caso, que no contempla la Comunidad, para quien el endurecimiento de la normativa al respecto resulta "competencia estatal": "No nos tienen que dar ninguna lección".
También, como ya ocurriese en anteriores debares, en cuanto a la necesidad de declarar como 'Lugar de Memoria' los "calabozos" de la Real Casa de Correos, antigua Dirección General de Seguridad (DGS) franquista, así como colocar una placa conmemorativa en la fachada para recordar a los represaliados "por la libertad y la democracia".
Donde sí han coincidido, al menos a priori, es en el plan bautizado como 'Parla Construye', un proyecto que aspira a aprovechar las infraestructuras ya disponibles en el sureste para reindustrializar la región por medio de "miles de empleos verdes, estables y de calidad". O lo que es igual, para levantar un "polo de rehabilitación de vivienda y construcción industrial". Por voz de García Martín, el Gobierno madrileño ha prometido estudiar la propuesta una vez sea presentada de manera oficial, junto a los estudios perceptivos que la respalden.