El Parque Regional del Sureste, un espacio protegido de la Comunidad de Madrid y parte de la Red Natura 2000, hace frente a "múltiples presiones", subrayan asociaciones ecologistas, pese a las continuas denuncias. "Una situación que amenaza su biodiversidad y funcionalidad", añaden. Un ejemplo de lo que está ocurriendo en esta zona natural es la reciente retirada de 3.000 toneladas de escombros, dos toneladas de neumáticos, ocho de madera y otras dos de restos que contenían amianto en la vega del Jarama, en San Fernando de Henares. "Aunque la medida es una buena noticia, llegó tras 12 años de denuncias por parte de los colectivos", explica Jesús Santos, miembro de la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA).
Un retraso, que según indican los colectivos ecologistas, "demuestra del abandono sistemático que sufre el parque". Esta preocupación la comparte ARBA con su delegación en Paracuellos de Jarama (Parva) y la Plataforma Ecologista Madrileña (ARBA, Asociación Ecologista Jarama El Soto, Grama, Liberum Natura y Plataforma Jarama Vivo): "Por cada acción que se toma, hay años de inacción que permiten que los problemas sigan creciendo", denuncia Santos, quien confirma que han denunciado esta problemática ante la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), exigiendo una intervención inmediata.
Graveras, vertidos de toallitas, contaminación de las aguas y otros riesgos ambientales y sanitarios perjudican la zona ambiental. "El tramo medio del Jarama, por Paracuellos-San Fernando de Henares, se ha convertido en el ejemplo de río contaminado y de alto riesgo sanitario. Las aguas del Jarama riegan cientos de hectáreas de cultivo hasta Toledo, lo que incrementa los riesgos para la salud pública", detallan los ecologistas.
A esto se suma la degradación de los parajes bien conservados en el río Henares, donde la tala ilegal de árboles, la construcción de circuitos de motocross y la proliferación de infraviviendas a la orilla del río Henares en el Soto de Aldovea amenazan la biodiversidad. Estas actividades, "prohibidas por las normativas del parque y la Red Natura 2000, continúan sin que las administraciones tomen medidas eficaces".
En el Soto de Aldovea se han levantado al menos cinco infraviviendas construidas con materiales de desecho. Jesús Santos se muestra preocupado por las consecuencias que pueden ocasionar: “Son chamizos hechos con retales que la gente encuentra. Muchos los utilizan para pasar el día o el fin de semana, pero el riesgo es enorme porque dentro hacen hogueras que pueden extenderse al resto del bosque. Estas construcciones también generan vertidos y afectan al entorno, agravando la situación de un espacio que debería estar protegido".
"Por cada acción que se toma, hay años de inacción que permiten que los problemas sigan creciendo"
Además, se ha detectado un circuito ilegal de motocross en la zona alta del parque. Santos explica que estos usuarios no solo circulan en un espacio donde está prohibido el tránsito de vehículos, sino que han excavado el terreno para construir las pistas y utilizan materiales del entorno para hacer cemento y hogueras. “Es un problema enquistado. Llevamos años denunciándolo, pero las administraciones se pasan la pelota unas a otras”, denuncia.
Según los colectivos ecologistas, las respuestas de las administraciones "son insuficientes". "Llevamos tanto tiempo con estos problemas que la zona se está degradando cada vez más”, lamenta Santos. Estos hechos han sido denunciados ante la Consejería de Medio Ambiente por la vulneración de usos permitidos, ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por afecciones al Dominio Público Hidráulico (DPH) y ante el Ayuntamiento de San Fernando por ilegalidades urbanísticas y abandono de residuos.
Desde el Consistorio confirman que han detectado la existencia de "una serie de ocupaciones no legales, que no son viviendas, en la ribera oeste del Río Jarama a su paso por la localidad, y que tiene controladas". En este sentido, desde el área de Planificación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible (Urbanismo e Industria) explican que han puesto en marcha "los correspondientes expedientes de restauración legal urbanística para proceder a su desalojo".
“Son chamizos hechos con retales que la gente encuentra. El riesgo es enorme porque dentro hacen hogueras que pueden extenderse al resto del bosque"
En relación a la denuncia sobre tala de árboles, fuentes municipales cuentan que desde la Comunidad de Madrid se está desarrollando un proyecto denominado ‘Arco Verde’, que contempla la instalación de una pasarela sobre el río Henares (antiguo puente de ‘La Azucarera’), y entre los términos municipales de San Fernando de Henares y Mejorada del Campo: "Estos trabajos dependen del Gobierno regional, aunque el Consistorio realizará un seguimiento y control sobre la ejecución de las mismas para actuar en caso de irregularidades, tomándose las medidas oportunas".
Sobre la existencia del circuito de motocross que denuncian los ecologistas, desde el Consistorio aseguran que "no tiene constancia de ninguna denuncia al respecto". No obstante, confirman que "se procederá a actuar ante la detección de cualquier tipo de irregularidad o en caso de acreditar que se están produciendo estos hechos".
Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente indican que "se trata de asentamientos ilegales en una finca privada y que la responsabilidad recae en los propietarios. El deber de mantener su propiedad y cumplir las disposiciones normativas (parque y Red Natura 2000) es de cada propietario". En cualquier caso, el área regional confirma que "efectuarán las labores administrativas y, en su caso, sancionadoras que procedan. Hablaremos con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y con los agentes forestales para que vayan a levantar acta del circuito de motocross y, en su caso, denuncia".
"Hablaremos con el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y con los agentes forestales para que vayan a levantar acta del circuito de motocross"
Los grupos ecologistas consideran que las medidas son "insuficientes" y demandan una actuación más contundente que garantice la protección de este espacio: “No podemos seguir permitiendo que un espacio tan valioso siga deteriorándose mientras las administraciones miran hacia otro lado. Abandonan sus obligaciones y sus responsabilidades en la protección de los espacios naturales, los suelos protegidos no urbanizables y el dominio público hidráulico. Es hora de actuar.”