El juez del llamado 'caso Errejón', Adolfo Carretero, pedirá amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las críticas recibidas por su tono en el interrogatorio al exdiputado Íñigo Errejón y a la actriz Elisa Mouliaá en el juicio sobre la denuncia de un presunto delito de agresión sexual.
El titular el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid solicitará también a la Fiscalía que se investigue la filtración a los medios de los vídeos de las declaraciones de ambos el pasado 16 de enero, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta decisión del magistrado llega después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunciara que iba a estudiar la actuación del magistrado para determinar si es necesario imponerle una penalización por su comportamiento.
El órgano de gobierno de los jueces tomó esta decisión tras recibir más de 900 quejas y denuncias desde que la actriz compareció ante el juez el jueves pasado y se filtraron los vídeos de la vista.
El escrito divulgado indica que Ricardo Conde, promotor de la Acción Disciplinaria, ha decidido abrir una "diligencia informativa", que es el primer paso para determinar si el comportamiento de Carretero durante el interrogatorio merece ser sancionado, tal como solicitan los denunciantes.
A raíz de la filtración del vídeo del interrogatorio, la actuación del juez se hizo pública este lunes, generando un gran revuelo. Fuentes del Consejo indican que este constituye el primer paso previo a la apertura de una investigación en contra del juez. "Es una fase inicial en la que se trata de ver si los hechos encajan en una falta disciplinaria".
Las fuentes ejemplifican que el funcionamiento es "parecido" al análisis de una denuncia en el ámbito penal. Si Ricardo Conde, quien está a cargo del asunto, considera que podría haber habido una falta por parte del juez, se iniciará un expediente contra Adolfo Carretero, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.
Se iniciará la fase de investigación, que "puede terminar en archivo o con una propuesta de sanción". Al concluir la investigación, si se sugiere una sanción, la propuesta será enviada a la Comisión Disciplinaria del Consejo. Sin embargo, si se decide expulsar a Carretero de la carrera judicial, la decisión corresponderá al Pleno. Aunque el Consejo no ha recibido quejas directas de las partes involucradas en el caso -ni siquiera de la defensa de Elisa Mouliaá-, sí han sido recibidas 900 quejas de personas o entidades ajenas al proceso.
La decisión del CGPJ se produce dos días tras la filtración de las imágenes de las declaraciones de Errejón y Mouliaá. Estas grabaciones han generado diversas críticas, incluyendo algunas provenientes del Gobierno, debido a la manera en que el magistrado lleva a cabo el interrogatorio a los dos involucrados.
Entre las preguntas que formuló a la mujer destaca si no le solicitó al ex portavoz de Sumar que detuviera su comportamiento, así como el motivo de la tardanza en presentar una denuncia contra Errejón, e incluso si lo hizo por "no corresponderle". Entre las más controvertidas figuran "¿Conoce usted la razón por la que se extrajo el miembro viril?", "Pero, "le bajó las bragas?" o "¿Cuánto tiempo pasó mientras le chupaba los senos, acariciaba el trasero y hacía todo eso?".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, criticó la actitud del magistrado, calificando sus preguntas de "estereotipadas" y "machistas". Además, advirtió que este tipo de cuestionamientos "aleja claramente a posibles víctimas futuras de la denuncia".
Sobre este asunto, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ emitió un comunicado en el que subrayó que cualquier "intromisión" de este tipo puede influir en un proceso judicial en curso como el que se está evaluando, además de señalar la importancia de la formación adecuada para los profesionales del ámbito judicial.
Las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se alinearon con esta temática al referirse a la ley de eficiencia de la justicia que fue aprobada recientemente. De acuerdo con esta normativa, a partir de septiembre, todos los casos relacionados con violencia sexual deberán ser tratados en juzgados especializados en violencia contra la mujer.
Según aseguró, esta modificación permitirá que los jueces y magistrados "tengan un conocimiento profundo de estas cuestiones, sepan cómo tratar y cómo encarar este tipo de declaraciones y además, también se les pueda formar con mayor especialización".
El magistrado escuchó a Elisa Mouliaá, quien narró los pormenores del episodio en cuestión y expresó cómo se sintió dominada, paralizada y violentada durante los supuestos acontecimientos. No obstante, las interrogantes planteadas por el juez Carretero han sido objeto de críticas por parte de diversos expertos y colectivos, ya que en lugar de enfocarse en aclarar los hechos, reprodujeron dinámicas de revictimización hacia la denunciante.