Daron Acemoglu, Simon Johnson, y James A. Robinson son los ganadores del premio Nobel de Economía 2024. Tal y como anunció el Comité del Premio en Ciencias Económicas el pasado 14 de octubre, estos tres autores han recibido el citado galardón por "sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad". El Comité sostiene que el trabajo de estos autores, enmarcados en la línea institucionalista, “ayuda a tener una comprensión mucho más profunda" de por qué los países "fracasan o tienen éxito". Estos estudios resultan de especial relevancia hoy en día, cuando observamos un deterioro progresivo de la calidad de las instituciones.
El trabajo de estos autores (que ya referimos aquí con amplitud en 2022) se ha plasmado de forma destacada en el estudio histórico de 2012 “Por qué fracasan los países” (D. Acemoglu y J.A. Robinson); posteriormente, ambos autores publicaron en “El pasillo estrecho” (Deusto, 2019) y, por último, Acemoglu y Johnson publicaron “Poder y progreso” (Deusto, 2023).
Estos autores, para respaldar sus teorías, recurren a un análisis histórico extensivo para una gran cantidad de casos y países, como la caída del Imperio Romano o el Imperio Inca, la Revolución Industrial, los procesos de colonización o el auge reciente de China.
La aportación de estos autores a la Economía se centra en la interpretación institucional de las causas que llevan al éxito o el fracaso económico de los países. Para estos analistas, la prosperidad de los países está relacionada con la política económica marcada por sus dirigentes; más concretamente, el éxito económico de los países depende principalmente de las diferencias entre sus instituciones, de las reglas en que se basa el funcionamiento de su economía y del conjunto de incentivos que motivan a las personas. Así, fundamentan su análisis en la diferencia entre dos tipos de instituciones económicas: inclusivas y extractivas.
Para estos autores, las instituciones económicas inclusivas tienden a crear un círculo vicioso (proceso de retroalimentación positiva) que aumenta sus posibilidades de persistencia. Esto se hace mediante varios mecanismos: En primer lugar, la lógica de un estado pluralista hace más difícil la usurpación del poder (incluso por un presidente bienintencionado). El pluralismo también consagra la noción de Estado de derecho, con el principio de que las leyes deben aplicarse a todos por igual y que también implica que estas leyes no puedan ser utilizadas por un grupo para menoscabar los derechos de otro; y no sólo eso, sino que las personas, además de ser iguales ante la ley, han de serlo también ante el sistema político. Otro mecanismo se basa en que las instituciones económicas inclusivas se respaldan y son respaldadas por instituciones económicas inclusivas, que tienden a eliminar las relaciones económicas extractivas más perjudiciales y crean una economía dinámica. Finalmente, las instituciones políticas inclusivas permiten el desarrollo de medios de comunicación libres, que pueden movilizar a la oposición frente a las amenazas contra las instituciones inclusivas.
Por otro lado, también las instituciones políticas y económicas extractivas generan un círculo vicioso análogo que las hace tender a persistir. No obstante, estos círculos no son absolutos y, en ocasiones, se ha podido “romper el molde” para hacer la transición de instituciones extractivas a instituciones inclusivas y viceversa; normalmente a través de situaciones de coyuntura críticas. De cualquier modo, esta teoría institucionalista no contiene un determinismo histórico; aunque, manifestando la dificultad de formular recomendaciones generales para avanzar hacia instituciones inclusivas, sí permite afianzar por qué las democracias liberales, con sistemas de libre mercado, han sido conducidas hacia el éxito económico.
Estos investigadores también se han adentrado en el terreno de los adelantos tecnológicos actuales (principalmente comunicaciones, internet e inteligencia artificial) y su repercusión en los avances políticos y económicos. Por un lado, el efecto positivo y democratizador sobre las áreas institucionales y, por otro, la amenaza sobre el empleo y las propias instituciones democráticas.
Evaluación de la calidad de las instituciones en España
Para evaluar la calidad institucional en nuestro país podemos acudir, como fuente más relevante, a los Indicadores Globales de Gobernanza (WGI), que elabora el Banco Mundial extrayendo datos de 30 fuentes de indicadores compuestos sobre las percepciones de los hogares, las empresas y los ciudadanos acerca de la calidad de la gobernanza en las economías. Estos Indicadores Mundiales informan sobre seis amplias dimensiones para más de 200 países y territorios durante el período 1996-2023. Valoran la calidad de las instituciones en seis áreas: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo, control de la corrupción, efectividad del gobierno, calidad regulatoria y Estado de Derecho. Los valores que aparecen a continuación están en términos de rango de percentil de 0 a 100, donde los valores más altos se corresponden con mejores resultados.
2013 2018 2023
Voz y rendición de cuentas 78,4 81,55 87,75
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo 46,92 56,60 54,98
Eficacia del gobierno 82,94 79,05 76,89
Calidad regulatoria 79,15 80,48 74,53
Estado de Derecho 82,16 80,48 78,30
Control de la corrupción 79,62 72,86 71,70
Los datos reflejan un retroceso importante de la calidad institucional de España en los últimos años; registrándose retrocesos significativos en las cinco últimas áreas y sólo incrementándose en la primera. Por otro lado, también los WGI reflejan que, aunque la mayoría de los países han visto mermada la calidad de sus instituciones, la de España ha sido mayor y se sitúa por debajo de la media europea.
Estos resultados son coherentes para nuestro país, donde el descenso de la calidad institucional resulta patente para el público en general. Estamos viendo, de forma reiterada, al Tribunal Constitucional haciendo de organismo de casación del Tribunal Supremo, corrigiendo sus sentencias e incluso corregíendose a sí mismo, enmendando la propia doctrina del TC ; todo a favor de la tendencia política del Gobierno (recordemos que el Tribunal Constitucional es un tribunal político); a la vez, los partidos políticos siguen nombrando a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La politización por parte del Gobierno de las instituciones es notoria, tanto en el caso de nombramiento de ministros en el Banco de España o la Fiscalía, como en el desembarco generalizado de políticos en las distintas instituciones del Estado -donde antes, desde cierto nivel hacia abajo había sólo funcionarios-, así como en empresas públicas o agencias.
Esto ha tenido su reflejo en situaciones como la reciente catástrofe natural originada por una DANA, donde en los momentos críticos los auténticos expertos han brillado por su ausencia, al igual que en la prevención de fenómenos similares. La politización de los niveles altos de los escalafones lleva a la desprofesionalización, y la sumisión al poder político de turno no ha dejado actuar de forma oportuna ni eficaz a los técnicos que sabían lo que había que hacer. Pero se impone que haya que obedecer al poder y opinar como el poder. Como decía el filósofo Jaime Balmes “No se debe fiar de la virtud del común de los mortales puesta a prueba muy dura”, a la vez que recalcaba, “la entereza no es el heroísmo”. Resulta consecuente que, por ejemplo, los militares o ingenieros que han levantado la voz con visibilidad mediática estén retirados o jubilados. Estos motivos y otros no menos importantes, como la subordinación de la gestión de la crisis a la oportunidad política o la descoordinación de las administraciones han llevado al penoso espectáculo que contemplamos desde hace más de un mes. En cualquier caso, el fracaso sistémico del Estado ha sido clamoroso.
En términos generales, los autores galardonados con el premio Nobel se centran principalmente en el papel institucional de un Estado centralizado que garantice el orden y las reglas de funcionamiento para que aparezcan instituciones inclusivas. Pero el Estado puede actuar como institución extractiva capaz de ahogar la prosperidad económica de los países: es lo que estamos viendo en España, con un Estado colonizado por unas élites políticas que extraen los fondos del resto de la sociedad para favorecerse a sí mismas al margen de la calidad en el funcionamiento de las instituciones o la eficiencia económica. No sorprende ver un Estado cada vez más rico con una ciudadanía cada vez más pobre.