La Proposición de Ley presentada por el PSOE que buscaba que las viviendas de protección pública mantuvieran su calificación de por vida y no solo durante 15 años ha sido rechazada por la Asamblea de Madrid.
La toma en consideración de este texto, que proponía modificar la ley de protección de vivienda pública en la Comunidad de Madrid, ha sido rechazada en el Pleno de la Asamblea gracias a los votos del PP y Vox. Se ha destacado que esta calificación tendría un carácter "permanente" para evitar que se convierta en un objeto de "especulación".
La diputada del PSOE, Cristina González, ha sido la responsable de defender la iniciativa, acusando a la Comunidad de Madrid de no implementar acciones para abordar el problema de los precios de la vivienda. Además, ha criticado que "prometieran 25.000 viviendas asequibles" y solo hayan entregado "poco más de 500", en alusión al Plan Vive.
También se le ha reprochado el incremento del precio del módulo de vivienda protegida, que ha llegado a un 57 por ciento, "siendo la comunidad donde más alto está", mientras que "cambiando la ley del suelo en varias ocasiones para liberalizarlo aún más".
El Gobierno central ha puesto en el centro de la discusión la primera Ley de Vivienda estatal, que tiene como objetivo transformar este recurso en "el quinto pilar del estado del bienestar". Al mismo tiempo, ha criticado al Ejecutivo autonómico por no permitir que los municipios se declaren como zonas tensionadas en cuanto al alquiler.
El diputado de Más Madrid, Pablo Padilla, ha expresado su apoyo a la propuesta, señalando que es "sencillo" entender que "las viviendas protegidas, una vez se construyen con suelo público, con dinero público, con cuidado público, con promoción pública, sigan siéndolo durante toda la vida".
"Es fundamental proteger la vivienda de los políticos, empresarios y rentistas que han logrado que el alquiler en Madrid haya aumentado un 103 por ciento en diez años. (...) Además, es necesario resguardarla de las inmobiliarias idealistas que se permiten el lujo de ofrecer zulos a 700 euros", continuó el diputado de Más Madrid.
El parlamentario de Vox, Javier Pérez Gallardo, ha intervenido a continuación, centrándose en el desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda. Ha criticado a la izquierda por sus propuestas que buscan "restringir" la oferta y ha puesto en duda los efectos de la vivienda pública.
"Poseer una propiedad lleva a invertir en su mejora, cuidado y potenciación, además de considerar la posibilidad de dejarla a los hijos o nietos. Sin embargo, cuando no se tiene esa propiedad y se observa claramente las promociones destinadas al alquiler, se produce un proceso de degradación", ha afirmado.
La diputada del PP, Paula de las Heras Tundidor, ha expresado que si se implementa la medida sugerida por el PSOE, "se paralizaría la construcción y se seguiría en las mismas".
De las Heras ha señalado que cualquier acción que detenga la construcción es "mala por naturaleza", debido a la necesidad urgente de controlar la demanda y detener el aumento de los precios. Además, ha comparado la propuesta del partido socialista con los "precios protegidos" en las viviendas gestionadas por la Agencia de la Vivienda Social (AVS), que son indefinidos, y en las del Plan Vive, que se mantienen mientras dure la concesión.