El Ayuntamiento de Madrid ha dado el primer paso para ratificar las Zonas de Bajas Emisiones en la Ordenanza de Movilidad Sostenible tras su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), quien consideró, entre otras cuestiones, insuficiente el informe de impacto económico de la medida.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado ya una consulta pública previa, como ha dado a conocer este jueves el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha calificado este paso como "el banderín de salida para la modificación de la ordenanza que va a permitir ratificar las Zonas de Bajas Emisiones en la ordenanza de movilidad sostenible".
"Hay un plazo de 15 días para contestar a estas preguntas que se formulan en la consulta previa y a partir de ahí, como digo, iniciamos ya la tramitación de esa modificación de la ordenanza que permita que Madrid no se quede sin las ZBE", ha subrayado Carabante, recordando que estas ZBE son "necesarias" por la mejora de la calidad del aire, demostrada al alcanzar Madrid los objetivos que se perseguían en el ámbito de la sostenibilidad.
Los participantes deberán contestar a cuatro cuestiones: si consideran que las restricciones de circulación deben centrarse en los vehículos más contaminante; cómo se favorecerían alternativas a la movilidad; si se considera que las restricciones de circulación deben ser más estrictas en aquellas zonas de la ciudad mayor contaminación; y cómo creen los ciudadanos que deberían regularse las ZBE para que protejan eficazmente la salud de las personas a través de la mejora de la calidad del aire.
El Consistorio madrileño recuerda que todas las administraciones tienen la obligación jurídica, derivada de la normativa comunitaria y nacional, de mejorar la calidad del aire para garantizar el derecho fundamental a la integridad física y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como proteger la salud pública.
Con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, que incluía la implantación de ZBE, la capital ha cumplido desde el año 2022 con la normativa comunitaria, argumentan desde el Ayuntamiento. Y ponen como prueba que la restricción al tráfico de forma progresiva en la ciudad a los vehículos más contaminantes ha permitido reducir a mínimos históricos los registros de dióxido de nitrógeno.