La Audiencia Provincial de Madrid iba a acoger este lunes una reunión de los magistrados de la Sección 23 para discutir y tomar una decisión sobre el recurso presentado por Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, quien ha solicitado el archivo o la delimitación de su caso. Sin embargo, la celebración de esa decisión se ha pospuesto sin una nueva fecha específica debido a "un error en la documentación" del juzgado que maneja el caso.
Los jueces consideran fundamental otro recurso de Gómez para poder llevar a cabo su evaluación, ya que argumentan que les falta dicha documentación. El caso está siendo instigado por el juez Juan Carlos Peinado, y se presenta un "recurso de apelación directo" contra su auto. Al considerar que su ausencia es importante para la toma de decisiones, deben aplazar la reunión.
El recurso presentado por la defensa de Gómez sostiene que el juez Peinado está llevando a cabo una causa general y prospectiva en contra de su carrera profesional, en lugar de enfocarse en la denuncia original relacionada con presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La Fiscalía se encuentra de su lado, ya que también interpuso un recurso que pedía restringir la investigación y ajustarse a la denuncia presentada por las organizaciones ultras Manos Limpias y Hazte Oír.
La deliberación en la que se presentó el recurso ante la Audiencia Provincial no contó con la participación de Pilar Llop, ex ministra de Justicia del PSOE, quien decidió apartarse voluntariamente. Se anticipa que la mayoría de los jueces involucrados en el caso tienen vínculos con el PP y son de tendencia conservadora.
El juez Peinado recibió una solicitud de la Audiencia de Madrid el 12 de este mes, en la que se le pedía que enviara una copia de lo investigado antes de pronunciarse sobre el recurso de apelación presentado por Gómez y el recurso de la Fiscalía, que busca archivar o limitar la investigación.
A comienzos de julio, llegaron los recursos contra la investigación de Peinado, incluso antes de que el juez tomara la decisión de imputar al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Además, se citó como testigo al presidente Sánchez.
El ex ministro socialista Antonio Camacho, quien se encarga de la defensa de Gómez, presentó una demanda ante la Audiencia de Madrid para que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 no llevara a cabo una "investigación universal" en su contra. En este sentido, solicitó el archivo del procedimiento al argumentar que no había pruebas que vincularan a Gómez ni con los contratos bajo investigación ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa".
La Fiscalía había presentado un recurso de apelación ante la Audiencia, pidiendo que se limitara la causa según los términos propuestos por el tribunal en un auto emitido en mayo. En dicho auto, aunque se respaldó la apertura de una investigación, se restringió a los contratos firmados por Innova Next, que es propiedad de Juan Carlos Barrabés. Recientemente, la Fiscalía incluso solicitó que se investigara al juez Peinado por prevaricación. En agosto, Begoña Gómez presentó una querella contra el juez, acusándolo tanto de prevaricación como de revelación de secretos.