Según los colectivos vecinales, los portavoces del Gobierno local coincidieron en la necesidad "de abordar y modificar el apartado correspondiente al libre ejercicio de la libertad de expresión" y, en este sentido, acordaron la realización de un "estudio pormenorizado" para localizar espacios públicos en todos los barrios de la localidad en los que "las entidades sociales puedan informar de sus actividades".
A pesar de esta coincidencia, los colectivos vecinales cuestionaron que el concejal de Participación Ciudadana no estuviese presente en la negociación y que, en su lugar, el Gobierno municipal designase a dos delegados como mediadores.
"No nos parece correcto el modo elegido por el actual equipo de Gobierno para acometer la reforma a través de intermediarios", criticaron.