La militancia de ERC ha decidido este viernes en una consulta telemática que avala con un 53,5% de apoyos el preacuerdo cerrado por la dirección del partido con el PSC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa.
La secretaria general de ERC en funciones de presidenta, Marta Rovira, ha explicado que la militancia ha avalado votar a favor de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat pero que lo harán con un "si vigilante y exigente".
La decisión se ha producido en un clima complicado dentro de la formación, ya que se ha juntado la aversión que el PSC genera entre las bases republicanas, los 4 batacazos electorales consecutivos, la división en la cúpula de la organización y la polémica por los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall.
La pregunta que han respondido con un 'sí' ha sido la siguiente: "¿Estás de acuerdo en que Esquerra Republicana vote a favor de la investidura del candidato socialista a cambio de la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?".
Ha habido 3.397 personas que han votado que 'sí' (53,5%), 2.847 con un 'no' (44,8%) y 105 se han abstenido (1,7%).
El apartado de mayor calado del preacuerdo entre socialistas y republicanos es el que prevé que Gobierno central y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación "singular" para Cataluña en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025.
El documento no usa el término "concierto económico", si bien ERC defiende que lo pactado puede definirse así, y sí hace referencia a acometer "las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)" para alcanzar este nuevo modelo, lo que requeriría de que así lo avale una mayoría de diputados en el Congreso.
Cataluña asumiría de forma "progresiva" la gestión, recaudación, liquidación, inspección y la disponibilidad de "todos los impuestos soportados en Cataluña".
Además de abonar mediante un sistema similar al 'cupo' una cantidad a determinar por los servicios que presta el Estado en la comunidad, Cataluña acometería un aporte a la "solidaridad" con el resto de autonomías limitado "por el principio de ordinalidad".
Mas allá de la carpeta de la financiación, el preacuerdo incluye medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social del idioma catalán y de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.