El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía General del Estado lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.
"Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada (...) contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable", apunta, en referencia a la testifical que ha tenido lugar esta mañana en La Moncloa.
Así, la Abogacía defiende a lo largo de 35 páginas que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.
"Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", asevera.
Para la Abogacía, la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido "prevaricadora" porque en su providencia del 19 de julio "no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito". En este sentido, insiste en que "a día de hoy" desconoce las razones por las que el juez considera que Sánchez, como testigo, "solo pudo conocer los hechos sobre los que quiere preguntar fuera del ejercicio de su cargo".
Sobre este extremo, recuerda que la acusación popular manifestó públicamente que pedía la citación de Sánchez por su condición de presidente del Gobierno y dijo que quería "hacerle en sede judicial las preguntas que entiende no respondidas en sede parlamentaria".
Al hilo, incide en que "hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero" y recalca que incluso el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales actúan con "mesura" y evitan hacer públicas resoluciones en periodos electorales.
En el caso de la declaración de Sánchez, apunta que es "evidente" que "tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador", dado que redactó una ley en la que distingue entre la testifical escrita y verbal, en sede judicial o fuera de ella.
"Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade.
En el marco del escrito, la Abogacía insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con "un mínimo indicio" que "soporte" las diligencias que ha acordado y sostiene que con sus "conjeturas" genera un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno.
Así, solicita al tribunal que recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez'. También reclama que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, que en sustitución de Peinado dictó la providencia por la que se rechazó la petición de Sánchez de comparecer por escrito.
Con todo, defiende que esta querella no es un "ataque" al Poder Judicial. "Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial", señala, para luego apuntar que es "el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales".
Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) LECrim que respalda que como cónyuge está "dispensado de la obligación de declarar".
En declaraciones a los medios, la coordinadora jurídica del partido político Vox, Marta Castro, que ha estado presente en el interrogatorio, ha asegurado que Sánchez ha estado "impávido y altanero" como a su juicio se le ve en el Congreso de los Diputados.
La testifical, que se ha demorado unos 20 minutos por una serie de "cuestiones técnicas", se ha celebrado en un "despacho habilitado a tal efecto". El juez, según la dirigente de Vox, no ha permitido que se realizasen ningún tipo de pregunta tras la negativa del presidente a declarar.
A juicio de Castro, el citado artículo 416 le dispensaría de declarar sobre su mujer "pero en ningún caso en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense", Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
"Se verá en el acta que se ha levantado, como en todas las actas, que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar conforme al 416. Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración", ha afirmado.
Según Castro, esta declaración, a pesar de celebrarse en Moncloa, "tiene la misma validez, los mismos privilegios y las mismas condiciones de seguridad que si hubiese realizado en el juzgado" de Plaza de Castilla.
El juez Juan Carlos Peinado se ha desplazado este martes al Palacio de La Moncloa para llevar a cabo esta declaración testifical a pesar de que Sánchez, por carta, interesó que tuviera lugar por escrito.
El magistrado ha llegado al Palacio de La Moncloa a las 10:20 horas para el interrogatorio y junto a él han accedido a las dependencias de Presidencia del Gobierno la Fiscalía, las defensas de los tres encausados y la letrada de Vox, Marta Castro, como coordinadora de las acusaciones populares.
En uno de los accesos se han concentrado una veintena de simpatizantes de la plataforma 'Hazte Oír' desde primera hora de la mañana y han coreado lemas como 'Pedro Sánchez a prisión' o 'Juan Carlos Peinado, España está a tu lado'.