Llevo más de un mes con mis botines favoritos metidos en una bolsa, estratégicamente ubicada cerca de la puerta de casa, para que me recuerde cada vez que salgo que tengo que llevarlos a poner tapas. Algo, lo de ir al zapatero, que a priori no parece una tarea complicada, se convierte en una odisea difícil de gestionar en muchos barrios dentro de la almendra central de Madrid.
Muchos madrileños y madrileñas nos vemos obligados a desplazarnos a otros barrios, centros comerciales o grandes superficies mas alejadas, para solucionar temas cotidianos o cubrir necesidades básicas.
En los últimos años, solo en mi calle, han desaparecido peluquería, tintorería, frutería, carnicería, centro de estética y masajes, taller de enmarcado y decoración, e incluso y mira que ya es difícil, el bazar de la esquina. Además del zapatero, que estaba 3 calles más arriba.
En su lugar, en los locales que antes ocupaban, han ido surgiendo como setas mini viviendas que han colgado el cartel de “vivienda de uso turístico”… bueno, eso las legales. Y las ilegales también. Y es que, en Madrid, si hacemos caso a los últimos datos ofrecidos por el Ayuntamiento aproximadamente el 93% de las viviendas de uso turístico (VUT) de la capital son ilegales y funcionan al margen de la normativa municipal con total impunidad.
Esta proliferación descontrolada de VUT y la dejación del gobierno municipal, que no solo no pone medidas ni recursos suficientes si no que fomenta un modelo turístico masivo para la ciudad de Madrid está afectando profundamente a la fisionomía de barrios y distritos.
El exceso de VUT y el modelo turístico que lo sustenta, no solo está generando el encarecimiento de la vivienda e imposibilitando el acceso al alquiler especialmente en las zonas más saturadas, agravando el ya de por sí critico problema del precio de la vivienda en la capital y que daría para otro artículo, además está destruyendo el debilitado comercio de proximidad tradicional transformándolo en otra “cosa” que no aporta valor ni da servicio a los madrileños que viven ahí los 365 días del año. Por si fuera poco, está generando múltiples problemas de convivencia con los vecinos residentes.
Con estos ingredientes en la coctelera, uno de los primeros efectos ha sido la expulsión de los vecinos, que, obligados de una forma u otra, no les ha quedado más remedio que huir a la búsqueda de zonas más amigables donde poder vivir. Esta migración está vaciando, degradando y dejando sin alma muchos barrios, especialmente en el distrito Centro. Ese alma que, entre otros muchos atractivos, hacen de Madrid uno de los principales destinos turísticos.
Los madrileños no deberíamos permitir que nuestra maravillosa ciudad siga transformándose en uno de esos decorados de pueblos de pelis de indios y vaqueros que solo son fachada, sin vida detrás. Algunos ya están despertando y se están protegiendo. En los últimos meses se han celebrado asambleas vecinales organizadas de manera conjunta por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y el Sindicato de Inquilinos con el objetivo de conocer mas de cerca los problemas de cada barrio relacionados con las VUT e informar a las comunidades de vecinos de cómo protegerse ante la avalancha de nuevas aperturas. La FRAVM precisamente acaba de presentar denuncias contra 10.210 pisos turísticos por infracciones graves o muy graves.
Y este es otro de los efectos más preocupantes; la dejación de funciones por parte de la administración local para aplicar la legislación vigente está enfrentando a los vecindarios con el Turismo, poniendo en riesgo la imagen y consolidación de uno de los principales motores de la economía madrileña.
Para revertir esta situación es imprescindible que el modelo turístico de la ciudad, incluida la organización y regulación de las VUT, se oriente clara y decididamente hacia la sostenibilidad. Un modelo que solo atrae turistas y expulsa a los residentes, que no comparte con los habitantes los beneficios de los visitantes, no es un modelo sostenible y está abocado al fracaso. Y esto es de lo que no parece haberse dado cuenta el señor Almeida, que en su mandato está dejando una ciudad mucho mas hostil e inhabitable para los madrileños y las madrileñas.
Mientras en otras grandes capitales europeas ya llevan tiempo tomando medidas para afrontar este reto global, mientras el Gobierno central está lanzando mensajes claros a Ayuntamientos y CCAA sobre la gravedad del problema y trabajando en herramientas para frenarlo, aquí no parece que la voluntad política del Ayuntamiento esté orientada siquiera en hacer cumplir la normativa actual; se forzó al fracaso la ley vigente desde 2019 sobre pisos turísticos, por ejemplo, reduciendo la plantilla de inspectores. Ahora, la recién anunciada suspensión de nuevas licencias poco resuelve, o nada, porque la mayoría de las VUT actuales se abrieron sin licencia y no hay capacidad para inspeccionar las más de 20000 VUT que se encuentran publicadas en las principales plataformas. También han anunciado un incremento del personal del 15%, que tal vez suba el número de inspectores de 17 a 20… una cifra irrisoria para controlar esas más de 20000 VUT que van a seguir fuera de la legalidad, más las nuevas que surjan.
Seguiremos esperando el cambio de normativa del Plan de Hospedaje que, de momento, se ha aplazado hasta septiembre y que en cualquier caso no entraría en vigor hasta 2025. Sinceramente, visto lo visto, no tenemos grandes expectativas dado el poco interés que ha mostrado esta administración en los últimos años por aportar soluciones reales a esta situación. Ojalá nos equivoquemos.
Mientras tanto.. menos mal que ya es tiempo de sandalias.