El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha lamentado que el Gobierno "maquille su inacción" antes las subidas ilegales de márgenes en el aceite de oliva, eliminándole ahora el IVA.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio del aceite de oliva virgen extra en origen ha aumentado de 4,91 euros/litro en enero de 2023 a 7,36 euros/litro en junio de 2024, un incremento de 2,45 euros/litro. No obstante, FACUA señala que en los supermercados el precio ha subido aún más drásticamente: de 6,91 euros a 13,61 euros por litro en el mismo período, casi el triple del incremento en origen.
El Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, había prometido vigilar el cumplimiento de la normativa, pero FACUA critica la falta de acciones contra quienes han inflado fraudulentamente sus beneficios. Por su parte, el Ministerio de Consumo, tras la inacción de Alberto Garzón, inició una investigación bajo el mando de Pablo Bustinduy hace cuatro meses, sin embargo, aún no ha publicado conclusiones ni ha sancionado a ninguna empresa.
FACUA también denunció en noviembre pasado a ocho cadenas de supermercados por fijar precios idénticos en sus marcas blancas de aceite de oliva, sin recibir respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde enero de 2023, con la entrada en vigor de la rebaja del IVA a alimentos básicos, todos los miembros de la cadena alimentaria tienen prohibido aumentar precios salvo por incrementos en los costos. FACUA ha señalado numerosas infracciones de esta medida sin respuesta por parte del Ministerio de Consumo.
En su último análisis, realizado a comienzos de junio, FACUA encontró que el precio del aceite de oliva virgen extra ha subido un 75.4% en los últimos doce meses. Algunas marcas han experimentado aumentos de hasta un 165.3% en este período, como el caso del aceite de oliva virgen extra Coosur variedad Hojiblanca y la marca Hojiblanca en Eroski, que ha pasado de 5,99 euros en junio de 2023 a 15,89 euros en junio de 2024.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y las autoridades de protección al consumidor autonómicas tienen competencias sancionadoras ante estas prácticas según el artículo 47 del real decreto legislativo para la defensa de los consumidores, que define como infracción el incumplimiento de las normas reguladoras de precios o cualquier otra actuación ilícita que incremente los precios o márgenes comerciales.