La clase media española se fue consolidando desde los años 60 del siglo pasado. Sus señas de identidad vienen siendo la posesión de vivienda y vehículos. Pero este modo de vida está decayendo, y la vivienda es su dique de contención.
Los bienes inmobiliarios se suelen pagar con un crédito -o varios- a largo o muy largo plazo. Este es el activo más valioso de los ciudadanos de clase media y en él se concentra el 70% de la riqueza de las familias, a la vez que supone un refugio cuando se supera la edad de jubilación y se reducen los ingresos. Por otro lado, la adquisición de una segunda vivienda es otra manera de hacer un plan de jubilación o de tener una fuente de ingresos adicional.
Políticamente, se ha visto a la clase media necesaria como freno para la expansión de los partidos de extrema izquierda, debido -entre otras cosas- a que tiene mucho que perder en cuanto a calidad de vida y posesiones en un régimen totalitario de izquierdas. Así, una clase media consistente, como espina dorsal de la sociedad, actúa a modo de agente neutralizador y protege a los países de este tipo de regímenes.
Desafortunadamente, durante los últimos años estamos asistiendo a un deterioro acelerado de la clase media. La multitudinaria generación de los boomers ya se está jubilando, dejando caer la carga de sus costosas pensiones sobre las siguientes, que cada vez muestran una mayor inestabilidad laboral y salarios más bajos. El Banco de España en el cap.4 de su informe anual, dedicado a la vivienda, y publicado el pasado martes 23 de abril, apunta: “El retraso en la emancipación de las cohortes nacidas a partir de 1980 sugiere un incremento de los problemas de accesibilidad a la vivienda, tanto de compra como de alquiler, por parte de los jóvenes”.
Hace casi un año, expresábamos nuestras objeciones sobre la Ley por el derecho a la vivienda, y las peores previsiones - como no podía ser de otra manera (tampoco hacía falta ser profeta)- se van cumpliendo:
Con referencia a la compraventa de viviendas, el informe anual del Banco de España destaca una fortaleza notable, a pesar de la desaceleración que se observa desde el último trimestre de 2022. La adquisición de vivienda ha disminuido desde el inicio del endurecimiento monetario a finales de 2021. Sobre los precios, en el cuarto trimestre de 2023 la tasa de crecimiento interanual del precio medio de la vivienda en España se situó en el 4,2%, dentro de la tendencia creciente de los precios de los últimos años, lo que lleva a una revalorización nominal del 56% desde principios de 2014.
En cuanto al mercado del alquiler, el Banco emisor señala que “la proporción de hogares que residen en una vivienda de alquiler ha mostrado un notable crecimiento durante la última década, impulsado por la relevancia creciente de este mercado entre los más jóvenes. También se recalca que “las viviendas principales en alquiler de mercado que son propiedad de las personas jurídicas de naturaleza privada representarían una cuantía estimada en un 8% del total, frente al 92% de las de los particulares”. Para esta Institución, “El escaso dinamismo de la oferta de vivienda en el período reciente, en comparación con la robustez de la demanda, ha supuesto un importante soporte al crecimiento de los precios de compraventa y de alquiler.”
También con referencia al mercado de alquiler, y según la tasadora UVE Valoraciones del portal Idealista, el volumen de oferta disponible de viviendas en alquiler descendió un 7%, hasta situarse por debajo de las 60.000 unidades. En consonancia con lo anterior, en marzo de este año el crecimiento anual de los precios del alquiler en España ha experimentado un aumento del 12,6%.
Por otro lado, y también según el Idealista, “Los alquileres de temporada siguen aumentando su relevancia en el mercado inmobiliario en detrimento de los arrendamientos permanentes, como consecuencia de las sucesivas políticas que están empujando este fenómeno. En el primer trimestre de 2024 el peso de este tipo de alquileres llegó hasta el 11% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 56%, mientras que la oferta de alquileres permanentes se redujo un 15% en el mismo período.”
Si se busca un diagnóstico general sobre el mercado, para el Banco de España “la combinación de elevadas presiones por el lado de la demanda y de una cierta rigidez relativa por el lado de la oferta —tanto en el segmento de compraventa como en el de alquiler— está generando problemas de acceso a la vivienda. Estos problemas se concentran en los colectivos con menor renta, entre los que se incluyen los jóvenes y la nueva población residente de origen extranjero. Asimismo, por zonas geográficas, estas dificultades son más acusadas en las grandes áreas urbanas.”
Efectivamente, las medidas del Gobierno en materia de controles de precios han contribuido a reducir la oferta de alquiler. Esta menor rentabilidad ha llevado a que salga menos vivienda al mercado; perjudicando más aún a la población con menores ingresos, que empeora su acceso a la misma. Esto ha conducido, en muchos casos a que los caseros hayan optado por vender y que la vivienda resulte menos accesible para rentas más bajas -con pocas posibilidades de obtener una hipoteca-; por otro lado, se reducen los incentivos para construir viviendas destinadas al alquiler.
Con los controles de precios, son los caseros los que soportan la ayuda adicional a los inquilinos, a través de la expropiación sin compensación de una parte de la rentabilidad económica de su vivienda. Lo que conduce a que se desincentive a los propietarios para poner viviendas en alquiler o la adquisición de viviendas con el mismo propósito.
Se han dificultado las condiciones para desahuciar a los inquilinos que incumplan las obligaciones que figuran en el contrato y recuperar la posesión de una finca. Además, los procedimientos de desahucio y lanzamiento se han convertido en una verdadera carrera de obstáculos para el casero a la hora de recuperar la posesión de su finca.
La falta de rentabilidad, unida al rosario de dificultades e inseguridad jurídica que conlleva la recuperación de la ocupación, han disuadido a muchos propietarios de poner sus viviendas en alquiler.
En el caso de alquileres de vivienda, ha habido un desplazamiento hacia el alquiler turístico o temporal (con mayor certeza de recuperación). En el caso del alquiler tradicional, la tendencia es buscar inquilinos de alta solvencia económica y rechazar inquilinos con apariencia de vulnerabilidad, y posibilidades de convertirse en inquiocupas. Todas estas medidas han resultado contraproducentes frente a lo que se pretendía.
Vemos que la compra de vivienda mantiene un cierto dinamismo y eleva sus precios, a pesar de las subidas de tipos de interés. Esto se debe a varias causas; de forma destacada, la falta de confianza en la rentabilidad de los activos alternativos en los que depositar los ahorros, principalmente acciones y bonos, cuyo historial reciente -incluso cuando han ofrecido rentabilidades interesantes-, se ha mostrado incierto y con un nivel de riesgo poco tranquilizador para muchos ahorradores. Incluso la posesión de saldos líquidos en los bancos se convierte en una preocupación adicional para los ahorradores ante ciertos fenómenos omnipresentes, como el phising y la ciberdelincuencia en general, que están a la orden del día; por no hablar de procesos en marcha de digitalización de las monedas y sus riesgos de congelación, manipulación o cancelación.
Ante esta situación, muchos inversores optan por “enladrillar” sus ahorros en activos inmovilizados -como son las viviendas- que, al menos, pueden dar una utilidad, están ahí y no desaparecen de un plumazo. Así, el porcentaje de compradores que no necesitan hipoteca subió del 27% en 2022 al 32% en 2023 y al 35% en lo que llevamos de 2024 (datos de una entrevista realizada por Fotocasa Research).
Esto dificulta el acceso a la vivienda en propiedad de las nuevas generaciones con la estabilidad y el arraigo que ello conlleva, abocándolas en gran parte de los casos al alquiler.
Por otro lado, la mayoría de los propietarios de las viviendas en alquiler son particulares, que se enfrentan a un control de los precios en sus contratos, a la vez que temen que los inquilinos se conviertan en okupas y que vivan a su costa; sin saber ni siquiera el estado en que quedará la vivienda después del incierto y costoso proceso de lanzamiento y con unas normas sobreprotectoras de los inquilinos con las que el Estado, en vez de asumir el coste de su protección social -si procede-, lo descarga sobre las espaldas de los caseros.
Esta oferta contraída de viviendas en alquiler con precios crecientes incrementa los problemas de acceso al mismo de los colectivos con menor renta; precisamente el segmento de población que se pretendía proteger.
Ante esto, el Banco de España en su informe anual plantea una serie de posibles actuaciones futuras:
— Evaluar los efectos de las políticas ya desplegadas.
— Avanzar en la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas.
— Impulsar la oferta de alquiler social.
— Fomentar la colaboración público-privada para la promoción del alquiler.
— Promover la profesionalización del mercado del alquiler.
— Reforzar la seguridad jurídica y la certidumbre regulatoria.
— Mejorar la gestión de los procesos administrativos relacionados con las políticas de suelo
y urbanismo.
— Impulsar la rehabilitación y cesión de viviendas.
— Revisar la tributación de la vivienda.
— Considerar y condicionar la aplicación de medidas restrictivas sobre las viviendas para
uso no residencial a una evaluación global que tenga en cuenta tanto sus posibles
efectos sobre la accesibilidad a la vivienda residencial como sobre la actividad
económica.
— Impulsar las políticas estructurales.
— Mejorar el transporte público en las áreas metropolitanas.
Estas plausibles medidas técnicas, sesudas y constructivas que pretenden mejorar el mercado de la vivienda tienen una serie de componentes que ahora están proscritos, como la misma palabra “incentivos”, la defensa de la propiedad privada, la seguridad jurídica, la libertad de elegir o la ley de la oferta y la demanda.
En realidad, lo que se plantea con la Ley por el derecho a la vivienda es si se pretendía mejorar el mercado de la vivienda o socavarlo: parece que lo segundo. Durante los últimos días se ha ido reavivando la polémica de la falta de vivienda en alquiler, especialmente en los medios televisivos, donde los tertulianos obedientes al poder han repetido de forma coordinada los argumentos consabidos a favor de la intervención del mercado y el reparto de las viviendas vacías. Del mismo modo, se ha tratado en los medios de forma equidistante la problemática entre los propietarios y los que ocupan ilegalmente su vivienda, con gran carga comprensiva hacia los okupas; para ir depositando esta especie en la mente colectiva.
Según parece, los errores de una ley intervencionista se tienen que corregir con más intervención -en una huida hacia delante-, y buscando a unos culpables: los propietarios de viviendas que, a juicio de las autoridades, sean susceptibles de ser ocupados coactivamente con la aprobación del Estado, laminando su derecho a la propiedad.
Es bastante consecuente desde el punto de vista de un gobierno social-comunista fabricar y promover la lucha de clases, a la vez que buscar la desaparición de los propietarios de viviendas y que los ciudadanos sean dependientes del Estado para que les conceda graciosamente un alquiler social. Ocurre que sin propiedad no hay libertad, y que la vivienda en propiedad es la última frontera para que, al traspasarla, una clase media dueña de su destino tienda a ser una clase dependiente y vasalla del Estado. No piense usted alegremente, caballero, que el Estado le va a dar la propiedad de otro; lo va a esclavizar.