La Junta de Fiscales de Sala han apoyado la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella que presentó la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid relativo a la defensa de Alberto G.A., pareja de Díaz Ayuso, por el procedimiento abierto por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Fuentes fiscales han informado a Europa Press que han adoptado esta decisión tras escuchar a los miembros de la Junta de Fiscales de Sala, con mayoría de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que han avalado la postura de Sánchez Conde frente a la de la fiscal María de la O Silva, que proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella. Las mismas fuentes han informado a Europa Press de que la decisión ha salido adelante con 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Cabe recordar que la Junta de Fiscales de Sala tiene carácter consultivo y que, una vez escuchada, Sánchez Conde podía ratificarse en su decisión de pedir el archivo o corregirla sin obligación de apegarse al criterio de la mayoría. Finalmente, la teniente fiscal ha mantenido su postura.
La cúpula fiscal ha llegado a la sede de la Fiscalía General a las 9.30 horas dividida por el enfrentamiento entre Sánchez Conde y Silva sobre si había que investigar a la fiscal jefe de Madrid y al fiscal de delitos económicos por supuesta revelación de secretos a raíz del comunicado de prensa.
El desacuerdo partía de que Silva, que debe informar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si está a favor o en contra de admitir la querella, quería investigar las comunicaciones entre Rodríguez, Salto y el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer cómo se llegó a la decisión de publicar aquella nota de prensa; mientras que Sánchez Conde defendía que lo pertinente era archivar la querella, como ya se hizo con la que presentó el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por los mismos hechos.
Ante tal discrepancia, Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), según el cual cuando un fiscal "recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente", se lo trasladará a su superior y, en caso de persistir la discrepancia, éste podrá convocar Junta de Fiscales de Sala.
Según las fuentes consultadas, el fiscal general se ha abstenido del asunto porque tiene conocimiento de los hechos, por lo no ha estado presente en la reunión de este miércoles. Tampoco han asistido el fiscal José Luis Bueren, que se ha jubilado, y los fiscales Antonio Vercher, Elvira Tejada, Alejandro Luzón y Jesús José Tirado, que han excusado su presencia.
Así las cosas, se han sentado 32 fiscales de Sala en la mesa, de los que 15 son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación cercana al fiscal general, incluidas la propia Sánchez Conde y dos exjefas del Ministerio Público, Dolores Delgado y María José Segarra.
Otros 8 pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), incluidos dos de los fiscales del 'procés', Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Y los 9 restantes no están afiliados a ninguna asociación, como el ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix.
Las fuentes consultadas recuerdan, sin embargo, que los fiscales no suelen votar en bloque o seguir el criterio de sus compañeros de asociación. Según las mismas fuentes, los cuatro fiscales del 'procés' (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena) han formado parte de los 12 que han votado en contra del criterio de la 'número dos' del Ministerio Público.
Ahora que se ha fijado el criterio de la Fiscalía, Silva tiene dos opciones: informar al TSJM a favor del archivo de la querella o apartarse.
Por otro lado, el juez de Instrucción número 28 de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investigue la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la citada nota informativa en la que se revelaron datos fiscales y procesales de la pareja de la presidenta regional.
Así lo insta en una exposición razonada elevada al Alto Tribunal madrileño por la condición de aforados de la fiscal jefe de Madrid y del fiscal del caso de la pareja de Ayuso, Julián Salto, según han informado fuentes jurídicas.
El decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, interpuso el pasado 20 de marzo una denuncia en los Juzgados de Instrucción contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa oficial difundida recogiendo "datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso".
En dicha nota informativa, la Fiscalía de Madrid daba cuenta de los correos cruzados entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso en relación a las diligencias de investigación abiertas por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil.
Tras abrir diligencias, el magistrado Jaime Serret apunta que "no hace falta practicar más instrucción", y que los autos deben ser elevados al TSJM por presunto delito de revelación de información por funcionario en ejercicio de sus funciones conforme al artículo 417 del Código Penal.
Señala que la nota de la Fiscalía aporta "datos que no eran conocidos y que no habían sido revelados hasta entonces", facilitando una detallada cronología y apuntando a una posible responsabilidad de la fiscal jefe de Madrid. Agrega que sacó a la luz pública datos que no debería haber sacado, ya que divulga "no el hecho de que se ha practicado la diligencia, sino el propio contenido de la diligencia de investigación".