Resta poco más de un mes para que la Residencia con Centro Ocupacional Avantos y el Centro de Día y Residencia Almanzor, unidades destinadas a la atención de hasta 139 personas con discapacidad intelectual en Pozuelo de Alarcón, bajen definitivamente la persiana. La clausura, tal y como ha trasladado la propia empresa gestora, Servicios Sociales Habilitadores Sociedad Limitada, viene mediado por la “quiebra” de la entidad, para la que mantener abiertas ambas plantas en las condiciones acordadas con la Comunidad de Madrid ha supuesto pérdidas económicas por un valor próximo a los dos millones de euros.
El punto final al concierto, renovado por última vez en el trimestre final de 2023, ha obligado a la Administración regional a mover ficha. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales sostienen que el cierre responde a una decisión “unilateral” de la compañía, vinculada a “problemas de gestión” y que es, en último término, “ajena” a la Administración regional pues los pagos acordados para la financiación de las plazas se habrían producido siempre “en tiempo y forma”. Asimismo en el área que encabeza Ana Dávila hacen un llamamiento a la calma al asegurar que la totalidad de los usuarios serán “reubicados” con todas las “garantías asistenciales” en otros centros de la red pública antes del 31 de mayo, fecha prevista para el cierre.
“Queremos que se queden en su hogar”
Las familias, sin embargo, temen que la situación termine por afectar negativamente a los beneficiarios fruto del estrés derivado de los traslados y las alteraciones que estos pudiesen ocasionar en su rutina. Tanto es así que algunos residentes han comenzado ya a sufrir las consecuencias de la incertidumbre. “No consideramos que reubicar a estas personas en otros centros sea la solución adecuada. Hablamos de gente que, por su vulnerabilidad, por su situación clínica y psicológica, necesita mucha estabilidad. Cualquier cambio puede ser un perjuicio enorme para ellos. De hecho, aquellos que son más conscientes de la situación, de que van a tener que cambiar de centro y dejar de ver a sus compañeros y monitores de siempre, han comenzado ya a mostrar un mayor nivel de nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño e incluso depresión. Muchos llevan más de 40 años en el mismo centro. Toda una vida. Desconocemos los efectos que esto pueda producir a partir de ahora”, relata preocupado Miguel Querol, familiar de una de las residentes, en conversaciones con Madridiario.
El modelo alternativo y “de sentido común” propuesto por los familiares pasa por la permanencia en el mismo centro, “su hogar y su familia”, cambiando si resulta necesario de empresa gestora, lo que permitiría mantener las unidades de convivencia que conforman usuarios y profesionales intactas. Un escenario que, atendiendo a la normativa, no tiene cabida en la hoja de ruta diseñada por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad. “Al tratarse de contratos derivados de acuerdos marco y conforme a la legislación vigente, no cabe en ningún caso la posibilidad de cesión. Los contratos están ligados a los centros y, por ende, a Servicios Sociales Habilitadores SL”, argumentan. El resultado, un cierre de las instalaciones que parece, al menos estas alturas, insalvable.
Pese al descontento de las familias, fuentes próximas a la consejería trasladan a este digital su firme compromiso con una solución “ágil y segura” para garantizar la “continuidad asistencial” de todos los usuarios. Esta no es otra que el traslado a diferentes centros de la red pública, de forma que “estas personas sigan recibiendo la atención especializada que precisan”. Una decisión que aplica tanto para aquellos con necesidad de ingreso como para los que únicamente requieren de atención diurna, bien en un centro de día o en un centro ocupacional. Para los primeros se priorizará el traslado colectivo, es decir, de todos los residentes en bloque. En el caso de la Residencia Avantos hacia el centro Padre Zurita – Fundación AMÁS Social de Alcorcón. Por su parte, los residentes en Almanzor serán reubicados en el centro Colisée, en Villanueva del Pradillo. Incluso se ha propuesto ya a las familias la posibilidad de visitarlos con anterioridad para conocer de primera mano las instalaciones y comenzar a familiarizarse con el nuevo entorno. Aunque está previsto que el proceso concluya "en los próximos días" atendiendo al criterio de la proximidad domiciliaria, aún se desconoce cual será el destino del resto de beneficiarios.
En cualquier caso, las explicaciones a cargo de la Administración no terminan de satisfacer a unos familiares convencidos de que las nuevas instalaciones no cumplen con los requisitos deseados. Por no mencionar, añaden, lo perjudicial de separar a los residentes de sus cuidadores: “Rechazamos la reubicación porque los centros que nos proponen ni siquiera reúnen 139 plazas. Por lo tanto, terminarán dividiéndolos. Tampoco tienen un entorno de espacio de naturaleza y tranquilidad, sin ruido, aquello que tanto bien les hace a su salud física y mental. Además los separan de sus cuidadores, aquellos que por un sueldo mileurista han cuidado a los nuestros igual o mejor que nosotros”.
“Sus compañeros son tan familia como nosotros”
Mientras se desbloquea la situación, las familias continúan recogiendo firmas contra el cierre a través de la plataforma web Change.org. Hasta la fecha se han alcanzado ya las 20.000. La iniciativa ha sido impulsada por Luisa Fraile, hermana de una mujer con autismo que tiene acreditada una discapacidad del 80 por ciento y que reside en las instalaciones desde hace 42 años. "Este centro no es solo su hogar, sino que los trabajadores y sus compañeros son tan familia como nosotros". Los traslados, calificados de “abruptos” e “insensibles”, continúa, amenazan con "desarraigar a estas personas vulnerables sin tener en cuenta su bienestar emocional o físico". Es, por tanto, “imperativo detener este cierre inminente para preservar los derechos humanos básicos y garantizar un trato digno a las personas con discapacidades severas. Hacemos un llamamiento a las autoridades pertinentes para reconsiderar esta decisión".
Mismo fin persigue el sindicato Comisiones Obreras, que este jueves ha convocado una concentración frente a la sede de Telefónica, propietaria de los terrenos sobre los que se asientan las residencias Avantos y Almanzor a través de su asociación de Asistencia a Personas con Discapacidad (ATAM). El objetivo de la movilización, que tendrá lugar esta tarde, desde las 17:30 horas, en la céntrica Gran Vía, no es otro que forzar a la compañía, a la que “los familiares continúan pagando su cuota religiosamente”, a explorar todas las vías alternativas a la clausura, permitiendo además evitar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que parecen abocados los profesionales que desempeñan su labor en Pozuelo.